La presidenta de la asociación 'Mujeres por la Igualdad', Aicha Mohamed.

La Jefatura Superior de Policía en Melilla estima que la presidenta y secretaria de la ONG melillense ‘Mujeres por la Igualdad’, ambas musulmanas, podría haber defraudado al Estado 600.000 euros en el caso de la consecución de salvoconductos a marroquíes para ser atendidas por la Sanidad en España.

Según ha informado el portavoz de la Jefatura, las pesquisas se iniciaron a finales del mes de junio de 2010 cuando un marroquí residente en A Coruña denunció que responsables de la ONG “Mujeres por la Igualdad” le estaban amenazando por no pagar el importe acordado por el salvoconducto con el que había conseguido viajar a la Península.

Esta denuncio dio lugar a las investigaciones de la denominada “Operación Turco”, desarrollada en Melilla bajo la dirección y supervisión del Juzgado de Instrucción número Cinco de esta ciudad. Durante los casi dos años que ha durado la investigación llevada a cabo por el Grupo U.C.R.I.F, de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, ha explicado el portavoz policial, los agentes han ido recabando las pruebas necesarias para la detención de, hasta el momento, dos personas: la Presidenta y la Secretaria de la ONG “Mujeres por la Igualdad”.

MODUS OPERANDI

El responsable de comunicación ha detallado que el procedimiento que utilizaba esta supuesta red para sus actividades consistía en que las personas enfermas contactaban con ellas directamente, o les eran remitidas por personas afines a esta ONG. “Tras realizar los tramites necesarios para la obtención del salvoconducto, se les daban las indicaciones oportunas sobre qué es lo que debían hacer al llegar a su destino, con la finalidad de obtener de forma gratuita el tratamiento médico que necesitaban” ha precisado.

Así ha añadido que los viajes a la Península “de los enfermos, o en ocasiones personas que decían estarlo, se enmascaraban con citas en clínicas privadas donde, supuestamente, iban a costearse los tratamientos médicos de sus propios bolsillos”. Sin embargo, ha subrayado el portavoz de la Policía, “la realidad era que no acudían a dichas citas, y sí lo hacían a los servicios de urgencias de la Sanidad Pública, tras haberse empadronado previamente”.

Asimismo, ha informado que en algunos casos “estos viajes no tuvieron un motivo sanitario, sino únicamente la finalidad de documentarse legalmente”. Como contrapartida, ha manifestado la citada fuente, la organización solicitaba a los beneficiarios de salvoconductos distintas cantidades de dinero en concepto de “donativos” al haberles conseguido, de manera gratuita, unos tratamientos médicos de alto coste en la Península, a cargo de la Seguridad Social.

De los casos detectados y analizados han realizado una valoración económica aproximada en la que la cantidad defraudada a la Seguridad Social asciende a unos 600.000 euros, “no descartándose que esta cantidad pueda aumentar considerablemente a medida que se analice detalladamente la documentación incautada en los registros realizados”.

El portavoz policial ha admitido que no se descartan nuevas detenciones, continuando las gestiones con el fin de depurar las responsabilidades de los demás miembros de la organización. Por último, ha confirmado que la situación actual de las dos mujeres que resultaron detenidas en la “Operación Turco” (Presidenta y Secretaria de la ONG “Mujeres por la Igualdad”) es de libertad bajo fianza después de que se les haya imputado delitos Contra los derechos de los Ciudadanos Extranjeros, Contra la Seguridad Social, Estafa, Extorsión, Falsedad Documental, Malversación de Caudales Públicos y Asociación Ilícita.