La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a 21 personas relacionadas con una red que se dedicaba a concertar matrimonios fraudulentos para regularizar a inmigrantes sin papeles, según han informado hoy fuentes de este cuerpo.

Las investigaciones, que aún no han finalizado, comenzaron al detectarse en el registro civil de la ciudad un notable incremento en el número de expedientes de matrimonio de ciudadanos con nacionalidad española o comunitaria con personas de países extracomunitarios, en su mayoría de Marruecos y Colombia.

A través de los enlaces, los extranjeros conseguían automáticamente un permiso de residencia en España con el que podían adquirir tarjetas de residencia de validez permanente sin pasar por otros requisitos más exhaustivos recogidos en la Ley de Extranjería.

Según ha comprobado la Policía, los ciudadanos extracomunitarios pagaban entre 3.000 y 6.000 euros a la persona con la que contraían matrimonio, que se comprometía a realizar los trámites administrativos necesarios para simular la relación.

En general, los ciudadanos extracomunitarios accedían a estas uniones tras varios años en España sin haber logrado regularizar su situación, mientras que los españoles aceptaban el dinero aunque no conocieran a su futuro cónyuge, ha explicado la Policía, que ha detallado que unos y otros contaban en la mayoría de los casos con antecedentes judiciales o policiales por diversos delitos.

Además, en muchos casos las contrayentes eran mujeres marroquíes o sudamericanas que ejercían la prostitución en el área del casco antiguo de Cartagena y que contactaban con sus falsas parejas a través de encuentros sexuales en los que pactaban la cuantía a pagar por el falso matrimonio.

La Policía ha imputado también como cooperadores necesarios para la consumación de este delito a testigos que participaban en los enlaces y dejaban falsa constancia de la relación entre los contrayentes, requisito imprescindible para celebrar la boda.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial acusados de delitos de falsedad documental y, en algunos casos, de amenazas, ya que algunos de los contrayentes exigían después a los ciudadanos extracomunitarios nuevas cantidades de dinero o les amenazaban con el divorcio.