Cada vez son más las voces que empiezan a cuestionarse la efectividad del sistema autonómico con lo que supone en gastos el mantenimiento de 17 parlamentos y estructuras administrativas tal y como están conformadas en la actualidad.

Según las últimas noticias, una nueva oleada de recortes se acerca por las costas españolas, ésta vez parece que le va a tocar a los ayuntamientos, pero no a todos, a los más pequeños. Esta medida pretende reducir gastos unificando la gestión de aquellos municipios más pequeños, con lo que se cree que pueden desaparecer más del 20% de los ayuntamientos pequeños.

Si bien ésta medida ahorrará unos cuantos euros, no lo hará en sueldos de funcionarios como alcaldes o concejales de estas pequeñas corporaciones locales, ya que es habitual que en éstos pequeños municipios, alcaldes y concejales, no cobren ni un euro por su gestión o en el mejor de los casos sus sueldos mensuales difícilmente llegan al salario base de un trabajador cualquiera, lo que no ocurre con otros funcionarios públicos a los que el Gobierno de Rajoy aún no ha metido el diente, veamos quienes.

En España existen 77.047 cargos políticos repartidos entre las diversas administraciones general, autonómicas y locales de la siguiente forma: 65.896 concejales de corporaciones locales, 8.112 alcaldes, 1.206 parlamentarios autónomos, 1031 diputados provinciales, 650 diputados y senadores generales, 139 responsables de cabildos y consejeros insulares, para cerrar la lista con los 13 consejeros del Valle de Arán.

Por poner un ejemplo orientativo, en 2011 en España, el cuerpo de la Guardia Civil lo formaban unos 70.000 militares, siendo éste el que representaba la mayor fuerza de seguridad del país, el número de Policías Nacionales era de uso 62.000 agentes y el de Policías Locales era de otros 60.000. Ninguno de los tres cuerpos, superan al de políticos españoles y por supuesto, en ninguno de estos tres casos de servidores de la Seguridad del Estado, los sueldos que cobran se acercan a la media de los de diputados generales, autonómicos o de algunos alcaldes.

El presupuesto total de gastos de personal de todo el cuerpo político español, es complicado conocerlo, ya que se diversifica entre los tres tipos de administraciones, General, Autonómica y Local. Lo que sí se sabe es que, dejando al margen los ingresos que percibe el Presidente del Gobierno -que dicho sea de paso es menor que el de algunos alcaldes- los sueldos de éste cuerpo administrativo pueden ir desde cero, en el caso de algunos concejales y y alcaldes, hasta los más de 7.000 euros mensuales de algunos otros.

En el caso de los 350 diputados de las Cortes Generales, tienen unos ingresos de algo más de 3.100 euros al mes distribuidos en 14 pagas, lo que supone una medía anual de casi los 43.800 euros brutos al año, de la que, descontado el 37% de IRPF, deja unos 27.500 euros limpios al año, unos 2.300 euros netos al mes.

Este sueldo se complementa con algunos suplementos que, en muchos casos, duplican la cantidad neta ingresada.

El reglamento de la Cámara del mantiene una cláusula, por la que los diputados tienen derecho a cobrar las “ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función”, lo que se traduce en otros ingresos extras por diferentes conceptos que además, están exentos de impuestos.

Acogiéndose a ésta cláusula, está por ejemplo, la paga extra de 839 euros mes que reciben los diputados cuya residencia fija esté en Madrid, y los 1.700 euros de aquellos diputados cuya residencia fija esté en otra localidad.

Se da la peculiaridad de que la mayoría de los diputados aparecen bajo éste último concepto, aunque de hecho, tengan una casa propia en la capital de España. Por supuesto que éste suplemento es por 14 pagas.

A esto se le suman dietas, ayudas para el transporte, asistencias a comisiones, con lo que se consigue elevar el sueldo mensual de un diputado medio hasta los más de 5000 euros mensuales, de los que 70% está libre de impuestos.

Pero el problema es que si uno mira en las Comunidades Autónomas descubre que incluso, en algunos casos, estos sueldos se incrementan aún más. Actualmente, los diputados que más cobran son los que pertenecen a las Comunidades Vasca y Navarra.

Lo mismo que ocurre con algunas corporaciones locales importantes. En su día ya fueron motivo de crítica los sueldos que se colocaron el actual ministro e Justicia Alberto Ruiz Gallardón cuando era alcalde de Madrid (101.987 euros) y que superaban en salario al propio presidente del Gobierno o el del socialista alcalde de Sevilla Ignacio Zoido que cobraba 107.027 euros.

Lo malo es que aún en época de crisis, continúa existiendo alcaldes cuyos sueldos parecen no acompañar la realidad del momento, como ocurre con el actual Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, quien tiene el dudoso honor de ser el funcionario municipal que más cobra de todo el país con sus 109.939 euros.