No era sólo cosa de Javier Guerrero. No. No se trataba de un sistema ideado y manejado en solitario por el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, ya encarcelado. Ni siquiera era sólo algo vinculado exclusivamente a la Consejería de Empleo. No. El procedimiento de transferencias de financiación desde los presupuestos ordinarios de la comunidad autónoma al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego IDEA) se siguió también en otras consejerías y, de hecho, fue seguido por los principales responsables del Gobierno regional socialista, que ya desde el año 2001 usaron el mismo modelo con los fondos públicos que en el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y que ahora investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

El procedimiento de transferencias corrientes al IFA, mismo método que el de Empleo con la famosa partida presupuestaria 31L —la del «fondo de reptiles»— había sido seguido tal cual ya en los años 2001 y 2002, bajo la presidencia andaluza de Manuel Chaves para la firma de convenios de colaboración entre la Consejería de Presidencia y el IFA con el que se financiaban «gastos generales» de la Oficina de la Junta de Andalucía en Madrid, aquella «embajada» regional en la capital. Esos convenios, a los que ABC ha tenido acceso, fueron rubricados en ambas ocasiones por el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, y el presidente del IFA, Antonio Fernández —imputado por el caso ERE— y con él, como en el caso de las ayudas a empresas o a los prejubilados, se eludieron todos los controles del interventor al trasladar el dinero a un ente público que carece de éstos. Y que ha repartido subvenciones sin procedimiento alguno a empresarios afines al poder. Sólo con el tema de los ERE, unos 700 millones de euros.

Con el mismo sistema que luego ha hecho famoso Empleo, por tanto, el dinero se mandó a la oficina con la firma de Zarrías. El número dos del ejecutivo de Chaves puso rúbrica a dicho convenio para «cofinanciar» los gastos generales de la «embajada andaluza», si bien después esos gastos se destinaron a la dotación de «recursos humanos y materiales». Al personal, en resumidas cuentas. Pero, analizando las cifras, llama la atención la enorme cantidad de dinero para un algo así. En el convenio del 30 de noviembre de 2001, por ejemplo, se trasladaron al IFA 132.222 euros (entonces, 22 millones de pesetas, de los que 21 atenderían a las necesidades de personal) para financiar esos gastos. Del detalle poco más se sabe. En diciembre del año siguiente, Zarrías y Fernández volvieron a firmar el mismo convenio de «cofinanciación» de la Oficina de la Junta y, en esa ocasión, la dotación aumentó hasta los 150.253 euros con cargo a una partida presupuestaria de la Consejería. Esa vez se hablaba exclusivamente de «gastos generales».

Se prescribió la presentación de una memoria justificativa de los gastos. Los dos convenios, además, aluden en su estipulación primera a un convenio marco suscrito en diciembre de 1998 por Presidencia y el IFA al compartir la Oficina de la Junta y el propio IFA la sede de Madrid, con lo que se «pactaba» el reparto de gastos para atender esta dependencia. El sistema es el mismo que con los ERE: transferencia al IFA, eludiendo así el control del interventor. Se refrenda, así, que no se trató de un «modelo aislado» que sólo manejase Guerrero.