El gobierno municipal anunció ayer que comunicará al Ministerio Fiscal que la empresa de un familiar del actual coordinador provincial de IU y exresponsable del área de Infraestructuras, Pedro García (en la imagen), está en el listado de las firmas que realizaron trabajos para Gruas Pérez Domínguez, durante las labores de limpieza por las riadas de 2010. La factura final por estos trabajos, 746.982 euros, presentó «graves irregularidades» que fueron detectadas por la Delegación de Hacienda en Córdoba y provocaron que el expediente acabara en el juzgado, así como la imputación del entonces director general de la concejalía de Infraestructuras, Ginés Salido.

El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, indicó que «ya hay una persona imputada y lo que vamos a hacer es ampliar la información a la Fiscalía con este dato y la relación de trabajos facturados por esta empresa, subcontratada por Pérez Domínguez cuando Pedro García era delegado de Infraestructuras en este Ayuntamiento», indicó.

«Queremos que se sepa toda la verdad y por eso el informe se remitirá lo antes posible a la Fiscalía por si puede ayudar en la investigación que se está siguiendo desde hace ya tiempo», aseguró Torrico.

Informe de Intervención

Esta relación con la empresa de su tío motiva, según Torrico, que haya una «responsabilidad política clara» por parte de Pedro García, ya que como responsable de Infraestructuras, «estaban dentro de su directa dependencia política todos los trabajos que se realizaron. Si tuvo conocimiento de ello, debió abstenerse en la firma de los recibos», señaló.

Es por todo ello que Torrico instó al portavoz de IU en el Consistorio, Francisco Tejada, a que responda a la pregunta de «si va a cesar a Pedro García de su cargo como asesor del grupo de IU en el Ayuntamiento, puesto para el que él mismo le propuso. Recomendamos al señor Tejada que antes de seguir metiéndose en casa ajena mire lo que ocurre en la suya», indicó.

Según la documentación aportada, la empresa del familiar de García presentó cuatro facturas, que posteriormente fueron remitidas al Ayuntamiento por la empresa adjudicataria, Pérez Domínguez. El importe total de estos cuatro trabajos ascendió a 320.751 euros, casi la mitad de los 746.983,32 euros de la factura final que acabó en el juzgado por las «graves irregularidades» detectadas en el análisis de los justificantes por los técnicos de Hacienda.

Junto a esto, Torrico apuntó que la empresa de este familiar de Pedro García «es una de las que menciona el informe de Intervención, ya que no se acredita su capacidad para la realización de los trabajos subcontratados por la empresa titular—Pérez Domínguez— y, por cierto, son los de mayor cuantía» de la factura de 746.000 euros.

El informe al que se refiere el edil Torrico está fechado el pasado 10 de mayo de 2011. En él la interventora pide explicaciones al área de Infraestructuras, dirigida en ese tiempo por García, por el reconocimiento extrajudicial de facturas de las riadas por importe de 476.224 euros para cuya financiación se tramitaron tres expedientes de modificación de crédito.

En el punto que hace referencia a la empresa del familiar de García, la interventora destaca sus dudas sobre los trabajos y la facturación aportados por esta empresa. «En las facturas de los subcontratistas se observa, por ejemplo, a esta empresa, de la que no se acredita su capacidad en ninguno de los informes aportados, que factura 237.177 euros a unos precios que oscilan entre los 29 y los 60 euros con los que se obtiene un volumen de horas muy superior a los trabajos realizados por empresas de reconocido prestigio como FCC y Acsur—el precio de la hora de trabajo de esta última era de 103 euros la hora—. Debe justificarse no sólo el volumen de horas, sino también a qué se debe esa diferencia en los precios que no justifica el expediente», señala.

Explicaciones

Junto a esto, el informe de Intervención reclama de forma exhaustiva aclaraciones como por qué no se registraron en contabilidad las facturas de las inundaciones hasta un año después «impidiendo su adecuado registro contable». Cuáles fueron las motivaciones por las que Grúas Pérez Domínguez subcontrata la práctica totalidad de las prestaciones realizadas «sin acto administrativo alguno y sin autorización del órgano de contratación».

Siguiendo con las subcontrataciones, Intervención se pregunta por qué los subcontratistas facturan después «en varios meses en algunos casos» que el contratista principal, o las razones por las que «los albaranes aparecen en principio sin una correlación numérica y temporal», tal y como se acreditó por parte de Hacienda.

Tampoco hay explicación a por qué para los subcontratistas los precios son unos y «en la factura de Pérez Domínguez al Ayuntamiento son notablemente superiores. Esta diferencia no queda acreditada fehacientemente», destaca el informe.