La Junta de Andalucía conocía al menos desde el verano de 2008, dos años antes de que estallara el escándalo, el cúmulo de presuntas irregularidades que se estaban produciendo en relación con la concesión de ayudas para expedientes de regulación de empleo (ERE) y subvenciones a empresas y ayuntamientos con la partida presupuestaria 31L, conocida como «fondo de reptiles», durante la etapa de Francisco Javier Guerrero, actualmente en prisión, al frente de la Dirección General de Trabajo.

Así se desprende de la declaración ante la Guardia Civil, que la llamó como imputada, de una asesora contratada en julio de 2008 por la Consejería de Empleo y procedente de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para poner orden en el desaguisado y conseguir que «lo antes posible todo el pasado de Javier Guerrero quedara saldado y organizado propiamente». Este testimonio se considera vital por cuanto en él se dan numerosas claves de uno de los mayores escándalos que ha sacudido la Junta de Andalucía durante los últimos años.

Por aquel entonces, el consejero de Empleo era Antonio Fernández, su viceconsejero, Agustín Barberá, y el director general, Juan Márquez. En calidad de asesor de la Consejería se encontraba Ramón Díaz, diputado socialista hasta la disolución del Parlamento andaluz. Todos ellos están imputados en el caso. Daniel Rivera, el actual director general, también ha corrido la misma suerte.

En la Junta de Andalucía, el procedimiento seguido desde 2001 para la concesión de ayudas a los ERE consistía en la firma de convenios entre la Dirección General de Empleo y entes instrumentales, IFA y posteriormente IDEA, con cargo a la partida presupuestaria 31L. En varios de esos expedientes de regulación aparecieron «intrusos», personas ajenas a las empresas beneficiarias, al tiempo que muchas de la cantidades aprobadas se otorgaron de forma discrecional.

El visto bueno

«El primer trabajo encomendado —señala la asesora en su declaración— fue saber el endeudamiento y compromisos que el anterior responsable de la Dirección General había asumido a pesar de los controles que le habían establecido, como que las órdenes de pago llevaran el visto bueno del viceconsejero de Empleo».

La asesora comenzó su labor el 1 de julio de 2008, y pudo constatar «que no todo lo que se había comprometido tenía soporte con convenio entre la Dirección General y la Agencia IDEA según los procedimientos establecidos, la deuda era de más de 311 millones sólo en apoyo a pólizas de prejubilaciones conforme a informaciones procedentes de aseguradoras, sin una revisión de los expedientes de forma profunda ni materialmente, ni exhaustiva o mínima». Las primeras conclusiones a las que llegó fueron: «Que la deuda era mucho mayor de lo que se sabía, que la mayoría de las mismas estaban asumidas sólo a través de una carta de compromiso del anterior director general, Javier Guerrero, a la aseguradora vía empresa intermediaria. Que muchos de los expedientes carecían de convenio de colaboración de compromiso entre la Dirección General y la Agencia IDEA ni existía el expediente ERE en el expediente/carpeta ni para las empresas tampoco muchos datos o planes de viabilidad o justificación de subvención». Pero no todo queda ahí. A juicio de esta asesora, no se podía verificar la legitimidad de los derechos de los beneficiarios de las ayudas con la documentación existente. Y por ello «cabía la anulabilidad de todos los actos administrativos».

«De hecho — añade—, se me dijo que no era posible abordar dicho “escándalo” de descontrol sin saber siquiera el fondo de lo que había por delante y qué es lo que había firmado el saliente director general, Javier Guerrero». Semanas después de comenzar su labor, la asesora reflexiona y llega a la conclusión de que «así no se puede trabajar», porque «faltan recursos, los expedientes no son conformes a «expediente administrativos», no hay solicitud, ni informes, no están pasados por registro y no hay razón o motivación de concesión y en algunos convenios o compromisos «no se sabe ni el objeto social de la empresa».

Pese a todo, los directivos de la Consejería y de acordaron seguir con el mismo procedimiento «pero montando los expedientes conforme a reglas de administración», con un modelo de solicitud que prorrogaba tácitamente el convenio de 2001 si ninguna de las partes lo hubiese denunciado, porque el objetivo era «que lo antes posible todo el pasado de Javier Guerrero quedara saldado y organizado propiamente». Y las partidas económicas se llamaron «ayudas sociolaborales de carácter excepcional que era lo más cercano al tipo de ayuda/subvención que se había otorgado (por la falta de normalidad aplicable) y el único encaje jurídico de las mismas». Igualmente, hace referencia al personal solicitado para analizar balances y la viabilidad de empresas, de forma que se realizan informes previos «a la resolución de concesión donde quede justificado el interés social».

Dar cobertura a los compromisos

A finales del verano de 2008 las instrucciones recibidas por la asesora encargada de poner orden en las ayudas de los ERE fueron seguir montando los convenios y «adendum necesarios para dar cobertura a los compromisos asumidos por Javier Guerrero, a fin de no perjudicar a los beneficiarios». Esa fue la encomienda, añade, que recibió el director general sucesor de Guerrero, Juan Márquez: «Rehacer todo y ordenar poco a poco lo que el anterior había dejado durante su mandato». A partir de ese momento, «se fueron viendo los temas según las urgencias, las presiones de las aseguradoras, de los sindicatos, los colectivos y las personas interesadas, que usaban sus influencias y llamaban para los pagos bien a prejubilaciones bien a convenios para inversiones que favorezcan empleo u otras relacionadas con empresas y sus trabajadores».