Investigadores de la Udyco-Costa del Sol, encargados del caso ‘Acinipo’, contra la presunta corrupción urbanística en la localidad malagueña de Ronda, analizaron en un informe inicial, de abril de 2010, supuestas vinculaciones del ex alcalde de dicha localidad Antonio Marín Lara, imputado en el caso, con empresas que tenían intereses relacionados con el urbanismo en la ciudad a través de operaciones que también se investigan.

Dicho informe, incluido en el sumario de la causa que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda, expone las líneas de investigación seguidas al inicio referente a operaciones como son el antiguo recinto ferial y la construcción de un centro comercial, la promoción Los Merinos, el aparcamiento Martínez Astein y el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Así, respecto al recinto ferial, en ese documento se investiga la permuta de terrenos entre el Ayuntamiento y una empresa, valorados en 1,8 millones de euros y que cinco meses más tarde, supuestamente, los vende a otra empresa para la realización de un centro comercial por más de 17 millones de euros, “con un aparente lucro cesante de la corporación local de 10 millones de euros”.

También se alude al convenio por el que se adjudica al mismo grupo empresarial y ejecutan las obras para el nuevo recinto ferial de titularidad pública por más de tres millones de euros “y que podrían haberse incrementado hasta los 11 millones”. El informe añade que inicialmente la adjudicación “podría suponer una vulneración a la normativa aplicable en materia de contratación pública”.

A continuación, los investigadores apuntan en dicho documento que “el alcalde y otros concejales coinciden” con el empresario supuestamente responsable de ese grupo empresarial “en dos ocasiones”, en 2008 y en 2009 en el mismo hotel, “pagando éste la factura”, señala el informe, al que ha tenido acceso Europa Press.

Por otro lado, el documento indica, en ese momento de la investigación, que el entonces alcalde, a través de una sociedad civil suya, edita un periódico de ámbito local entre 2006 y 2008 “cuya financiación en un 90 por ciento proviene de los promotores de Los Merinos”, macroproyecto de urbanización que se desarrolla a través de varias empresas y que ha sido cuestionado urbanísticamente.

Asimismo, en cuanto al avance del PGOU, el informe señala que en 2006 “hay indicios de que existe un avance que el mismo se está ocultando por los máximos responsables del Consistorio y que algunos empresarios podrían disponer del mismo, constituyendo en su caso información privilegiada”. Ese mismo año, otro grupo empresarial adquiere fincas rústicas por 28,7 millones de euros.

Valor catastral

El documento indica que el valor catastral de ese suelo, actualizado a 2010, es de 28.000 euros y se trata precisamente de zonas “que van a ser recalificadas a suelo urbanizable”. También en 2006, añaden los investigadores, el entonces alcalde se aloja en Santander “cuya reserva y pago la realiza” la empresa que se hizo con dichas fincas.

Respecto al sumario, el ex alcalde rondeño ha incidido en que “no me muevo un milímetro de lo que he declarado en mi registro oficial de bienes municipal desde que soy alcalde y del que presenté antes de las últimas elecciones, un documento público al que tiene acceso todo el mundo”. Además, ha ofrecido colaboración tanto a la Fiscalía como a la Policía Nacional encargada de la investigación.

Asimismo, Marín Lara, que fue detenido el 27 de septiembre de 2011 y dos días después fue puesto en libertad bajo fianza de 150.000 euros, ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que “se demostrará que he sido un buen alcalde para que no se escapara ninguna inversión para Ronda y que he estado donde tenía que estar”.