La juez Mercedes Alaya ha concedido a 16 de los imputados por la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados con fondos autonómicos, un plazo de diez días, para que “designen los bienes de su propiedad en los que se pidan que se trabe embargo” por las cuantías insatisfechas de las fianzas que previamente les fueron impuestas.

Entre ellos, cuyas fianzas suman 4.797.561 euros tras haber comparecido ante la juez, figuran supuestos falsos prejubilados o ‘intrusos’ como el exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) o la propia suegra del exdirector de trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

La juez Mercedes Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos.

Mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al haber eludido las subvenciones la preceptiva fiscalización.