El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Juan Márquez (i), acompañado por su abogado.

Juan Márquez, exdirector general de Trabajo de la Junta entre 2009 y 2010, se ha acogido a su derecho a no declarar ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan los ERE fraudulentos y ha dicho que lo hará cuando sea citado por la juez. Márquez, acompañado por su abogado, Manuel Pérez Cuajares, ha acudido a las 9.20 horas de la mañana al acuartelamiento sevillano de Eritaña, donde se encuentran los agentes de la UCO desplazados desde Madrid, pero ha salido 15 minutos después.

Su abogado ha informado de que Márquez ha explicado a la UCO que el “ingente volumen y profusa documentación” que acumula el sumario le han impedido estudiarlo en profundidad. Por ello, prefiere esperar a tener un conocimiento “completo y exhaustivo” de las actuaciones y comparecer ante la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, cuando sea requerido, todo ello desde el “respeto por la labor investigadora” de la UCO.

El imputado sustituyó a Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo y -según la declaración judicial de éste- fue conocedor, al igual que los sucesivos consejeros y viceconsejeros de Empleo, de las supuestas irregularidades en las ayudas. La juez de instrucción 6, en un auto del pasado 27 de enero, citó a Márquez como responsable de las irregularidades en el ERE de Calderinox, donde figuran como “intrusos” Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado de la Consejería de Trabajo en Sevilla, y Antonio F.G.

Guerrero, en prisión

Según la juez, Márquez intervino “con conocimiento de la total ausencia de procedimiento”, dio forma y “revistió de apariencia de legalidad” a la concesión de las ayudas. Además está imputado por autorizar la inclusión de intrusos en los ERE de las empresas sevillanas Surcolor, Aglomerados Morell y el restaurante Río Grande. La juez imputó junto a Márquez al actual director general de Empleo, Daniel Rivera, así como a varios responsables de consultoras, abogados, empresarios y sindicalistas, con lo que se unieron al medio centenar de “intrusos” y mediadores ya acusados.

Este trámite de declaración ante la UCO ya fue llevado a cabo por Francisco Javier Guerrero el pasado 22 de febrero, tras lo cual la semana pasada compareció ante la juez, quien decretó contra él prisión sin fianza. Guerrero se convirtió en la madrugada del sábado en el primero del medio centenar de imputados por los ERE que ingresa en la cárcel, tras declarar durante tres días ante la juez de instrucción 6 de Sevilla.

La juez Alaya acordó la prisión del imputado de acuerdo con la petición del fiscal, quien alegó que la pena que podría corresponderle sería superior a los 18 años de cárcel. El fiscal pidió además 933 millones de euros de fianza en concepto de responsabilidad civil, cálculo realizado por el dinero público presuntamente malversado mediante los ERE y otras ayudas de la Junta fraudulentas.