La corrupción en España existe; y a todos los niveles. No es un secreto para nadie. Pero es lamentable que aquellos que constantemente se llenan la boca para denunciar a españoles que trafican con inmigrantes sean los primeros que cometen delito mediante las mismas argucias o valiéndose del poder que tienen como funcionarios. Esta vez se trata de un otro funcionario de Extranjería que «favoreció» la inmigración ilegal, según la propia Policía.

La Policía Nacional sospecha que el funcionario de la Oficina de Extranjería de Alicante acusado de regularizar a ciudadanos chinos a cambio de sobornos «favoreció» también la inmigración clandestina, un delito que, sin embargo, el fiscal del caso prevé suprimir de su escrito de acusación provisional.

El Ministerio Público solicitaba para el sospechoso por esa infracción penal cuatro años de prisión, mientras que por el de cohecho pedía una pena de tres años.

Ayer, durante la segunda sesión del juicio contra Antonio L.C. y otros cinco acusados, el inspector de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (Ucrif) de la Policía Nacional que instruyó el atestado contó que algunos extranjeros pudieron burlar los controles fronterizos y entrar ilegalmente en España gracias a la intervención del funcionario.

El agente basa esas sospechas en las autorizaciones de regreso encontradas en el ordenador portátil del empleado público.
Se trata de ocho archivos informáticos. Algunos consistían en el modelo original que utiliza la Administración para autorizar el regreso de inmigrantes que tienen previamente en vigor la tarjeta de residencia en España. Otros, en cambio, eran planillos idénticos que estaban ya cumplimentados con los datos de varios extranjeros.

Por otro lado, el inspector confirmó que Antonio L.C. «tenía mucho más dinero» del que ingresaba con su sueldo de unos 1.200 euros al mes. Ese dinero «entraba por un lado oculto». En esa sesión declararon también jefes de Extranjería.

¿Será este el único funcionario que se aprovecha de la situación de los “sin papeles” o tal vez quedan unos cuantos?

Piden 12 años a una funcionaria que facilitó papeles a inmigrantes por dinero

Por otra parte, la Audiencia Provincial de Madrid juzga este martes a una funcionaria de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid acusada de facilitar, a cambio de entre 2.000 y 5.000 euros, documentos falsos a veinte extranjeros para que pudieran conseguir permisos de residecia.

En el banquillo de los acusados, además de la funcionaria Ana María L.V., que se enfrenta a una pena de doce años de prisión por los delitos continuados de falsedad documental y cohecho, se sentarán otras tres personas -Lester Donnie M.L., Virgilio S.L. y Ashley H.P.-, de nacionalidadvenezolana, dominicana y cubana, respectivamente, que captaban a los ciudadanos extranjeros.

Para éstos últimos el Ministerio Público solicita una pena de cinco años de prisión por un delito de cohecho. Además, la fiscal acusa a Alejandra L.P., abogada especializada en temas de extranjería, de actuar como intermediaria y asesora de los inmigrntes haciéndoles creer que la entrega del dinero era un requisito necesario para la obtención de los permisos de residencia, por lo que la pide también cinco años de cárcel. El relato provisional del fiscal cuenta que durante los años 2005, 2006 y 2007, Ana María L.V. alteró hasta en treinta ocasiones los datos informáticos de inmigrantes para facilitarles la obtención de permisos de residencia.

Ana María llegó a modificar diversos datos claves para la tramitación de los permisos de los inmigrantes como su tiempo de permanencia en España o sus antecedentes penales, llegando a cobrar un total de alrededor de 60.000 euros. El juicio se celebrará con jurado popular en la sección veintitrés de la Audiencia madrileña.