A nadie se le oculta que la convocatoria de una huelga general en momentos tan graves como los que estamos viviendo, nada aporta, menos soluciona y constituye una torpeza mayúscula. Para nuestra maltrecha economía, despilfarrar mas de un millón de euros pretendiendo paralizar el país el próximo día 29, resulta todo un despropósito, cuando el objetivo perseguido pasa por apoyar la campaña electoral del PSOE en las elecciones autonómicas andaluzas del 25-M, paralelamente a la protesta por la reforma laboral defendida por el Gobierno.

Para la gran mayoría de españoles, la inoportunidad de la citada huelga contiene ciertos impactos negativos que actuarán directamente contra la actividad económica, imagen en el exterior, confianza de los inversores y creación de empleo. Nuevamente los sindicatos reverdecen su papel de ejercer de “correa de transmisión de los partidos”, algo trasnochado y quizá en esta ocasión con escaso éxito.

Actualmente, la simbiosis partido-sindicato es “justa y necesaria” como evangélicamente afirmaría Cándido Méndez (UGT), e igualmente, para los sindicatos llamados mayoritarios, tras la etapa de merecido desprestigio que están padeciendo, la convocatoria de una huelga general, puede proporcionarles cierto maquillaje de dudosa eficacia, muy preocupados por defender sus propios intereses que los de los trabajadores. Prueba evidente de la eficacia demostrada por las organizaciones sindicales en pro de los trabajadores durante las dos últimas legislaturas del inane y ya olvidado Zapatero, ha sido el haber alcanzado más de cinco millones de parados sin mover un dedo, con la excepción de la huelga-pantomima realizada en el 2010. Durante esos años, el expresidentes ZP, pagó un alto precio por mantener la paz social a golpe de sustanciosas subvenciones en base a su reverencial temor a los sindicatos.

Para las centrales sindicales, el cambio que va a suponer la entrada en vigor de la reforma laboral, significará una pérdida de poder e influencia tremendo y eso es lo que les tiene verdaderamente traumatizados. Si tal como ha anunciado el Gobierno valenciano, las ayudas a conceder para la formación, serán otorgadas en función de la creación demostrada de empleo directo, se terminará para los sindicatos la mamandurria de administrar dichos fondos arbitrariamente y todo control sobre las citadas subvenciones. Con el establecimiento de controles similares, la situación variará ostensiblemente. Debe acabarse con la carga demagógica de que a los empresarios solo les preocupa las condiciones del despido cuando es totalmente incierto. Como ejemplo y prueba evidente es que empresas como Mercadona y El Corte Inglés, netamente españolas, con Juan Roig e Isidoro Álvarez como presidentes respectivamente, con jornadas de 12 y 14 horas muchos días, mantienen plantillas de 70.000 y 100.000 empleados prácticamente todos fijos y pagando religiosamente sus impuestos de IRPF y seguridad social, lo que menos les inquieta son las indemnizaciones por despido, sino la forma de mantener e incluso de incrementar el número de trabajadores en circunstancias tan críticas como las que estamos padeciendo. Pretender rentabilizar la algarada callejera no es lo más aconsejable. La sociedad lo interpreta como una imposición.

A nuestros santones secretarios generales, nada que ver con sus antecesores Marcelino Camacho y Nicolás Redondo, lo que verdaderamente les asusta, entre otros motivos, es el recorte de las subvenciones zapateticas que han venido percibiendo “religiosamente”, unido a otras fuentes de financiación en forma de comisiones por su intermediación en los famosos EREs, presencia de sus representantes en consejos de administración de empresas importantes, etc. En cuanto a los “liberados sindicales” que en nuestro país se cuentan por miles, no solo están pagados por las empresas y la Administración, sino que viven exclusivamente (de, por y para) amargar la existencia al empresario, entre cerveza y cerveza como apuntó el líder de CC.OO. de Madrid, al final de la manifestación contra la reforma laboral.

La tremenda opacidad rayana en el “ocultismo” de los sindicatos CC.OO. y UGT sobre su financiación, pertenece al secreto de los arcanos. Reciben cuantiosos fondos públicos pero sus cuentas jamás son auditadas; algo que nadie entiende pero se tolera. Son poseedores de montones de edificios y oficinas. Nadie conoce tampoco a cuanto ascienden sus ingresos reales por cuotas de afiliados. Los sueldos líquidos anuales de sus secretarios generales, Méndez&Fernández, son otro misterio. A los diputados se les obliga a publicar su declaración de bienes. ¿Por qué no se procede igual con los responsables de los sindicatos?

Que los sindicatos son necesarios nadie debería cuestionarlo como imprudentemente lo hacen algunos, pero tampoco admite dudas que su funcionamiento y financiación actuales no son correctos. Les asiste todo el derecho a celebrar manifestaciones y convocar huelgas parciales, empresariales, provinciales, autonómicas, generales y mediopensionistas, pero no a costa del presupuesto y con el dinero de los españoles, y mucho menos cuando no se comparten sus reivindicaciones en concreto. Esperemos que a partir de la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, desaparezcan todas las subvenciones, dádivas, regalías, etc y que los sindicatos, tal como se apuntó anteriormente, se autofinancien las manifestaciones y restantes demostraciones con pitos y flautas.

Hacer coincidir durante el 1-M las manifestaciones sindicales con la mayor masacre cometida en nuestro país, todavía sin aclarar muchas de sus circunstancias en la que fueron asesinados 193 ciudadanos y con miles de heridos, constituyó un error imperdonable por parte de los sindicatos y el descarado apoyo de su líder Rubalcaba (PSOE) cuya fama de inteligente se derrumba por momentos y cada vez comienza a ser más cuestionado por los dirigentes de su propia formación política. Cuando no se es capaz de respetar a los muertos, difícilmente es hacerlo con los vivos, si no pertenecen a tu partido, claro.