El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha asegurado que el expresidente regional Manuel Chaves, la actual consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera “sabían y tenían que saber como se trabajaba allí”, en referencia a la Dirección General que él ocupaba, según han informado a los periodistas abogados personados en la causa.

Durante la tercera jornada de declaración ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, la magistrada Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, le ha pedido que “ponga nombres y apellidos” a las personas que, según dijo éste jueves, “están intentando salvar su honorabilidad atacándole a él”, y Guerrero ha citado a Chaves, “que dice que no me conoce de nada”, a Moreno, que “me pone a caer de un burro cada vez que puede”, y a Viera, que “va diciendo por ahí que soy un indeseable”.

Todo ello “me escandaliza, porque no entiendo cómo pueden decir que durante los tres gobiernos del PSOE en los que yo trabajé no sabían cómo se trabajaba en la Consejería de Empleo y en la Dirección General de Trabajo”, ha dicho el imputado, quien también ha considerado “totalmente desafortunada la intervención” del presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, cuando “me llamó cocainómano, putero y alcohólico”, por lo que ha confiado en que “rectifique” sus palabras.

La magistrada también ha pedido a Guerrero si quería “añadir algo más” sobre la pregunta que le hizo ayer referente a “por qué regaló dinero del erario público”, y el imputado ha lamentado que, “durante todo este tiempo, y mientras a los imputados de la Junta se les ha otorgado la presunción de inocencia, a mí se me ha otorgado la presunción de culpabilidad”, y que “su queja viene, máxime, cuando se está abordando por la Junta el pago de los abogados de algunos de los imputados, y a Rivas y a mí no”, cuando están aquí “por su cargo”.