La teoría de las cerezas consiste en que al tirar de una, se van enredando las demás hasta vaciar el cesto. Puede aplicarse a la investigación iniciada por la juez Mercedes Alaya hace más de tres años a raíz de una denuncia sobre comisiones ilegales en la empresa Mercasevilla. Fue la raíz de la que afloró un gran árbol de corrupción, una tupida red clientelar que se nutrió de 1.000 millones de euros, el dinero público repartido en ayudas a empresas y comisiones a mediadores de ERE durante una década.

El resultado es una cesta podrida de cerezas, un auténtico expolio de fondos públicos con epicentro en la Consejería de Empleo y ramificaciones en otras consejerías señaladas por la juez Alaya por utilizar el mismo procedimiento de pagos opacos. Los supuestos fraudes han derivado en un macroproceso judicial contra la política social del Gobierno andaluz. Desde entonces, al árbol de la corrupción en la comunidad no han parado de crecerle ramas y brotes a la vez que aumentaba la lista de andaluces en paro.

Mercasevilla

Raíz del escándalo que surgió a primeros de 2009 cuando ABC publica en exclusiva el 22 de abril de ese año la grabación en la que el director y el subdirector de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, respectivamente, exigen a los dueños de La Raza 450.000 euros a cambio de concederles una escuela de hostelería que iba a poner en marcha la Fundación Mercasevilla gracias a una subvención de 900.000 euros de la Junta.

Sanma y Delito societario

La primera «cereza» que se enganchó en la anterior hacía referencia a la venta fraudulenta de suelos por parte de Mercasevilla a la constructora Sanma. Fue imputado el concejal comunista de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos, además del exgerente de Urbanismo, Manuel Marchena, y 14 personas entre directivos de Mercasevilla y empresarios. Tirando del hilo apareció a un delito societario en la gestión de la lonja y supuestas irregularidades en el concurso para enajenar los suelos de Mercasevilla.

ERE fraudulentos

Se le llama así al macroproceso que la juez Alaya inició a principios de 2011 después de descubrir a un falso prejubilado (intruso), el socialista Antonio Garrido Santoyo, en uno de los ERE de Mercasevilla. Es el tronco del enorme escándalo que investiga el destino de una partida de la Consejería de Empleo para rescatar a empresas en apuros, denonminada 31-L, que el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero bautizó como «fondo de reptiles». El sumario es una sola causa con multitud de tramas y ramificaciones que ocupa más de 41 tomos. Para hacerse idea de su magnitud, sólo las 67 carpetas con informes de la Junta tienen más de 120.000 folios y pesan 3,83 gigas. Dentro de la causa se indaga en las subvenciones otorgadas a través de la Agencia IDEA —el ente que la Junta utilizaba para hacer los pagos irregulares— con el sistema de transferencias de financiación. El imputado más relevante es el exconsejero de Empleo Antonio Fernández. También están encausados Guerrero y sus dos sucesores en la Dirección de Trabajo, Juan Márquez y el actual, Daniel Rivera, así como el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. El exconsejero y líder del PSOE de Sevilla hasta hace dos semanas, José Antonio Viera, podría ser el siguiente, puesto que la Guardia Civil ya le ha atribuido un «papel esencial» en la trama de ayudas a la Sierra Norte de Sevilla. Hay cincuenta imputados. Las ayudas sociolaborales a empresas inmersas en procesos de despido de plantilla son la rama más robusta de la instrucción. Suman 582 millones de euros.

En las pesquisas de la Junta salieron al menos 72 intrusos, personas que se colaron en ERE de empresas donde no habían trabajado. La juez asegura que el sistema era irregular, como puso de manifiesto la Intervención General de la Junta. De esta cesta de cerezas se lucró una red de empresarios, sindicalistas de CC.OO. y UGT, despachos de abogados, conseguidores de ayudas, funcionarios, altos cargos y consultoras. Otra rama corresponde a las ayudas repartidas a discreción y sin control a posteriori en subvenciones directas a empresas y ayuntamientos del PSOE, que rondaron los 65 millones de euros. Entre ellas están los 1,3 millones que Guerrero dio a empresas fantasmas de su chófer y socio. Parte del dinero lo gastó en copas, fiestas y cocaína. Otra trama es la de las firmas del sector del corcho del exalcalde de Cazalla de la Sierra, el socialista Ángel Rodríguez de la Borbolla, que recibieron 7,8 millones.

Otras Consejerías

Alaya amplió las pesquisas a las Consejerías de Presidencia, Innovación, Turismo y Medio Ambiente, que sospecha que emplearon la transferencia de financiación a través de IDEA entre los años 2001 y 2010. El PP las estimó en 4.315 millones de euros. Con Griñán presidiendo el Gobierno, Empleo endosó a Innovación pagos de ERE por 6,17 millones. Por otro lado, la empresa pública de capital riesgo Invercaria manejó un fondo opaco de casi 50 millones que invirtió en aventuras empresariales, muchas de las cuales resultaron un fiasco.

Ayudas sin control de la UE

La magistrada cree que el Ejecutivo ideó un sistema para esquivar el control de la UE en las llamadas ayudas «mínimis» (inferiores a 100.000 y 200.000 euros, según qué casos) que también salían de la partida 31-L y que ello podría tener consecuencias para el Estado español.

Fraude con discapacitados

Juzgados de Sevilla, Málaga y Granada investigan a media docena de empresas que se lucraron con fondos públicos para emplear a discapacitados. Recibían las subvenciones de Empleo para contratarlos y a continuación los despedían sin otra causa que el no haber superado la fase la prueba. Pero no devolvían las ayudas. Es la guinda más grotesca de este pastel de la corrupción.