El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica, ha declarado a la juez que instruye la investigación, Mercedes Alaya, que recibió “indicaciones del Gabinete de Presidencia de Manuel Chaves” y por parte del que fuera viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, para que concediera determinadas ayudas a empresas.

Guerrero, que ha reanudado su declaración poco antes de las 16,30 horas, ha señalado a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla que recibió un documento escrito del “Gabinete de Presidencia de Manuel Chaves” donde se le decía que “solucionara sí o sí lo de Bilore, porque al día siguiente Chaves iba a un acto político”.

Asimismo, y según han informado a los periodistas varios letrados personados en la declaración, Guerrero ha asegurado que Barberá, imputado también en la causa, le dijo que “solucionara sí o sí” lo relacionado con la industria auxiliar naval de Cádiz, lo que, según ha añadido, “supuso un incremento de 26 millones de euros en el presupuesto que no tenía”.

De igual modo, el exalto cargo ha aseverado que “informaba de todas las ayudas, tanto de la cuantía como de sus destinatarios, en los consejos de dirección de Empleo, a los que asistían el consejero, el viceconsejero y los delegados provinciales”, quienes “jamás le pusieron ningún reparo a ningún tipo ayuda”.

Algunos abogados han llamado la atención sobre el hecho de que la Guardia Civil se encuentre custodiando la sala de vistas donde se está desarrollando la declaración, a lo que se suma que, en un receso de esta mañana, una funcionaria ha acompañado al imputado hasta los servicios.