He leído críticamente, pero con la calculadora en la mano, un interesante trabajo publicado en el diario El Mundo, el domingo cuatro de marzo, en el que Martín Mucha apunta cómo recortar la mareante cifra de 140.904.733.210 euros sin que se tenga que recortar en Educación y Sanidad o subir los impuestos.

Dejando a un lado el sensacionalismo y la pequeña carga de demagogia interesada que puedan contener unos datos que sirven de reclamo para un libro de inminente aparición, asumiendo que ya el gobierno ha realizado recortes en algunas de esas partidas -pobres, timoratos y a regañadientes ciertamente- en un 20% y que debemos suponer, aun cuando dadas las cifras de déficit no parece que así haya acontecido, que las administraciones autonómicas y locales han procedido de modo similar, añadiendo que no todas las propuestas son válidas, lo cierto es que si sólo se pudieran ahorrar 40/70.000 millones de euros estaríamos muy por encima de las necesidades objetivas que de ahorro tiene el gobierno.

¿Por qué si es posible dicho ahorro sin gravar la economía de los españoles, sin contribuir a proletarizar las clases medias, sin disminuir la calidad en los servicios educativos y sanitarios por razón de ahorro, no se hace? La respuesta que no se atreve a plantear en toda su extensión el articulista, aunque lata en el fondo de reportajes como el que nos ocupa, es sencilla: Mariano Rajoy, como cualquier político, no está dispuesto a desmantelar el régimen clientelar que padecemos, entre otras razones porque él y su partido también son beneficiarios políticos de ese régimen que permite controlar a la sociedad y mantenerla dentro de los parámetros de las propuestas del bipartidismo imperfecto que sufrimos y que es responsable, por acción, por interés o por omisión de la permanencia de esos más de 10.000 millones de euros que todos los años se escapan por las procelosas aguas de la corrupción.

Queriendo ser Churchill, aun cuando en realidad más se parezca a una caricatura, Mariano Rajoy y su equipo insisten, una y otra vez, en la necesidad de los recortes, directos o indirectos, salariales o impositivos, así como en la virtud del sacrificio, con una envolvente retórica pseudopatriótica en la que se alaba la capacidad, demostrada a lo largo de su reciente historia, de los españoles para salir adelante. A vuelta de correo los españoles, que van a sufrir directamente el sacrificio, responden donde pueden que por qué no se recortan los primeros ellos para dar ejemplo. Les salva, para que la protesta se convierta en torrente, la inexistencia de una denuncia pública y constante de los caprichos de la casta política en los medios que les obligara a la dimisión o a la regeneración. Pero esa denuncia, salvo en lo anecdótico, no existe entre otras razones porque el régimen clientelar acaba, al final, blindando a la casta política.

Todavía resuena en mis oídos el aplauso al “uninoso” -que diría un personaje de Jardiel Poncela-de socialistas y populares a Mariano Rajoy en el debate de investidura cuando ante el tema de la corrupción defendió la honestidad de los políticos.

Cómo no nos vamos a molestar los ciudadanos, cómo no vamos a saltar de indignación en nuestro sillón cuando escuchamos las soflamas de los responsables de economía; cómo no vamos a arder en estallidos de indignación cuando este gobierno de los recortes se ha gastado un millón de euros en iPads para los diputados (un juguete que difícilmente sirve para trabajar en el nivel de trabajo que se supone a un diputado); cómo no nos vamos a enfadar cuando los partidos políticos y sus fundaciones se reparten, a pesar de los recortes, más de cien millones de euros; cómo no se va a enfadar el español que tiene que ir con su coche o en transporte público a su centro de trabajo cuando se estima que España gasta al año en coches oficiales casi dos mil millones de euros; cómo no vamos a reírnos de nuestra imbecilidad cuando nos llega la factura del teléfono y nos enteramos que los políticos se estima que gastan a costa del erario público treinta millones de euros en facturas de móvil; cómo no vamos a pensar que nos toman por estúpidos o por borregos -no sé que será peor- cuando se habla de lo que cuestan las más de diez mil tarjetas de crédito con cargo a nuestros impuestos, la friolera de 24 millones de euros…

Las cifras del reportaje aludido son de por sí indignantes aunque no desconocidas: 630 millones se gasta Cataluña en sus Consejos comarcales y después cierran hospitales por las tardes; cincuenta y cinco millones nos cuesta un Senado que nadie sabe a ciencia cierta para qué sirve; 24 millones se siguen gastando en asesores y cargos de confianza, puestos con los que se recompensa y colca al staff del partido de turno; 180 millones se gastan las Comunidades en las subvenciones a las líneas aéreas para que vuelen desde sus aeropuertos (¿cuánto le va a costar la broma del nuevo aeropuerto a la endeudadísima Comunidad Autónoma de Murcia?). Y así, suma y sigue…

Si la situación es difícil y comprometida, como lo es, estoy seguro de que los españoles aceptaríamos el sacrificio, pero el de todos y no el de los de siempre. Lo que no es de recibo es que, porque es necesario mantener el régimen clientelar, el reparto del botín, unos nos sacrifiquemos y otros continúen, como siempre, anclados en el oropel. Puede el gobierno y la oposición socialista, que también es gobierno en algunos puntos, continuar aplicando la demagogia y la sordina del gran hermano mediático, puede que les continúe funcionando durante un tiempo. Pero también es posible que un día un puñado de españoles digan basta y se rebelen, sin que entonces el aparato de control de la izquierda consiga reconducirlos para poder seguir manteniendo el juego bipartidista de PP a PSOE y tiro porque me toca.

*Catedrático y portavoz de Alternativa Española (AES).