Una denuncia anónima dirigida a la Fiscalía ha permitido abrir una investigación formal sobre la corrupción urbanística de Ayamonte, confirmada después por las declaraciones de algunos implicados. Así, dos promotores han reconocido ante la Guardia Civil que, durante los años del ‘boom’ inmobiliario que precedieron a la crisis, “todo el mundo” tenía que pagar un “impuesto revolucionario” para “poder construir” en este pueblo onubense.

Entonces estaba al frente del Ayuntamiento el socialista Rafael González, quien tras dejar la política municipal en 2007 ha estado contratado tanto en la Diputación Provincial de Huelva como en el PSOE.

El Mundo ha tenido acceso a las declaraciones como testigos de dos promotores. Uno no dudó en calificar los pagos exigidos por el ex regidor de “impuesto revolucionario”, mientras que el otro testificó que era “la forma de trabajar habitualmente en Ayamonte”.

Si él lo hubiera denunciado, “le hubiera sido imposible trabajar en Ayamonte y en ningún otro lugar donde gobernase el partido [PSOE] que gobernaba en Ayamonte».