La comunidad autónoma con más imputados por corrupción vinculados a la Administración pública, a pesar de los múltiples casos denunciados en toda España, sigue siendo Andalucía. Sin embargo, muchos creen que sólo estamos ante la punta del iceberg, y que si el Partido Socialista andaluz pierde las próximas elecciones del 25 de marzo, como indican la mayoría de los sondeos, los nuevos inquilinos de la Junta se encontrarán con unos agujeros económicos sin justificar mucho mayores de lo que se temen en la actualidad los partidos de la oposición. Sin olvidar que hay muchos casos que aún están siendo investigados, principalmente por la juez Mercedes Alaya, a pesar de las graves obstrucciones que ha puesto el Gobierno que preside José Antonio Griñán.

Un Griñán que está aprovechando sus últimas semanas para repartir el dinero público –cientos de millones de euros– entre sus simpatizantes, y de paso comprar votos de cara al 25 de marzo.

Después de más de 30 años gobernando los socialistas la Junta Andalucía, la mayoría de los ciudadanos de esta comunidad autónoma cree que la corrupción se ha instalado de manera endémica en el entramado social. En 2005 se destapó la gran trama del Ayuntamiento de Marbella, el caso Malaya, que, por primera vez en la democracia española, supuso la disolución de un ayuntamiento y se saldó con un total de 103 procesados.

El caso Malaya sigue dando sus coletazos y ahora salpican al anterior presidente de la Junta, Manuel Chaves, que en 2004 regularizó 68 inmuebles ilegales en Marbella.

En 2009, el juez que destapó el escándalo marbellí, Miguel Ángel Torres, ofreció una conferencia en la que definió la corrupción: “Consiste simplemente en subvenir el orden público a favor de las necesidades privadas (…). Nadie está ajeno a la corrupción, políticos, jueces, fiscales, famosos en general (…). Una de las mejores formas de combatirla es con más democracia y más transparencia”. Dos cualidades que desde hace años brillan por su ausencia en la Andalucía que hoy preside Griñán, y antes Manuel Chaves. Dos políticos ahora enfrentados y cuyas disputas políticas están provocando una guerra total en el PSOE andaluz.

Los casos de corrupción del poder político andaluz son múltiples, desde el caso Mercasevilla, donde se exigían importantes cantidades de dinero a cambio de subvenciones de la Junta, hasta los fondos de reptiles de 700 millones de euros que manejaba a su antojo el director general de Trabajo de la Junta; o los más de 70 ERE falsos descubiertos, y que muchos de ellos llevan la firma de Griñán, de cuando era consejero de Economía; sin olvidar los escándalos de presunta corrupción que salpican a los hijos de Chaves.

Lo más grave de esta situación es que los Gobiernos andaluces del PSOE llevan más de 10 años bloqueando las comisiones de investigación en el Parlamento andaluz. Sin olvidar que el antiguo fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tampoco quiso intervenir de oficio en estos casos de corrupción, afectando uno de ellos a una prima del propio fiscal general, Blanca Conde-Pumpido. La grave situación económica del Sur de España se ve acrecentada por los múltiples casos de corrupción que afectan a la Junta de Andalucía, que hoy preside José Antonio Griñán.