La Policía cree que hubo presiones de la Junta para ayudar a proyectos falsos
Los exconsejeros de Empleo y de Innovación, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, junto a Chaves presentando el plan en noviembre de 2007.
La Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional cree que la Junta y, en concreto, «personas del entorno de IDEA», jugaron un papel decisivo en una trama fraudulenta que captó subvenciones del Plan Bahía Competitiva. Más de 21,1 millones de euros (3.510 millones de las antiguas pesetas), procedentes del Ministerio de Industria, cayeron presa de una red de empresas fantasmas vinculadas a las mismas personas y creadas entre 2008 y 2011 con el único fin de cazar los fondos públicos destinados a proyectos que nunca vieron la luz. Parte del dinero se desvió a paraísos fiscales y fondos de inversión, como adelantó ayer ABC. Las empresas investigadas por los delitos de fraude con subvenciones, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales están vinculadas al gallego AlejandroManuel Dávila Ouviña —quien llegó a crear 50 sociedades— y a las familias Arespacochaga y Retolaza Gaviña. Al frente de ellas a menudo colocaban a «testaferros» o «personas de paja».
Los investigadores avalan que desde IDEA —el ente que la Junta usaba para canalizar las ayudas— se ejercieron presiones sobre técnicos de la Diputación de Cádiz que valoraban los proyectos que se remitían luego al Ministerio para conceder las ayudas. Se apoyan en un correo que la Agencia IDEA remitió a Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz el 17 de febrero de 2011, difundido en la prensa local. En el email se indica que ésta tiene que cambiar las puntuaciones fijadas con el fin de beneficiar a proyectos en la localidad de Alcalá de los Gazules, feudo del PSOE gobernado por el presidente de la Diputación, Francisco González Cabaña, hasta el pasado mayo.
«Resulta que personas del entorno de la Agencia IDEA asignan los valores de puntuación que deben ser valorados por Industria, a pesar de las indicaciones de los técnicos que advierten de la falta de viabilidad de esos proyectos por falta de solvencia financiera», advierte el atestado de la Udyco, que inicia una investigación a instancias de la Fiscalía de Sevilla.
Para acreditar la solvencia financiera de proyectos inviables, las sociedades presentaron facturas, contratos y certificaciones falsas que pasaron sin ningún apuro los filtros de una comisión de evaluación integrada por el Gobierno central, la Junta (a través de IDEA) y la Diputación de Cádiz. De hecho, los investigadores subrayan «la falta de control sobre los documentos que certifican los requisitos exigibles», lo que «ha permitido finalmente que se libre y pague una partida de 21,1 millones a favor de proyectos falsos». También apunta a una «connivencia en el plan de responsables del Ministerio».
El informe policial va más lejos y abunda en la tesis de que hubo «un plan preconcebido y un empeño en beneficiar determinados proyectos al margen de cualquier criterio obietivo». Prueba de ello es que iniciativas presentadas en la convocatoria de 2011, «cuando ya los proyectos de Alcalá de los Gazules, asociados a Dávila Ouviña han demostrado su más absoluto fracaso y, a pesar de ello, siguen siendo beneficiados».
En lo que denomina como «organización informal» de la trama, la Policía implica a empresarios, gestores y comisionistas, así como a funcionarios y cargos «con responsabilidad en el fraude» que trabajan en IDEA, la misma agencia que hacía los pagos irregulares de los ERE. Cita expresamente a Francisco Jiménez Luque, director de Programas Europeos y Coordinación y Internacional; Antonio Perales, exgerente del Plan Bahía Competitiva (adscrito a la agencia), y la empleada Rosa María Rodríguez.
Las ayudas formaban parte de un ambicioso plan impulsado por la Junta en 2007 para frenar la sangría laboral provocada por el cierre de la multinacional Delphi en Puerto Real (Cádiz).
«Que Perales no sabía nada, pobrecito mío»
Ana Isabel Fuentes Mateo participa en tres empresas de Dávila Ouviña y se dedica a tramitar el papeleo para pedir subvenciones. Para la Udyco, ocupa «un papel relevante» en la trama, por lo que, previa autorización judicial, intervienen su móvil cuando el escándalo ya había saltado a la Prensa. En agosto la Junta destituyó a Perales. En una charla que mantiene con una persona llamada Ana el 16 de septiembre pasado comenta con ironía que el exgerente del Plan ha declarado que no sabía nada del fraude. «Antonio Perales no sabía nada, pobrecito mío». «No tenía ni idea», replica Ana. Fuentes concluye: «¿Ah? De la investigación…, no tenía ni idea… por eso el delegado de Agricultura \[Juan Antonio Blanco\] le acompañaba a Galicia, un mes antes de salir los resultados de la reindustrialización… iban los dos a Galicia… Pobre Antoñito que lo han engañado».
