Francisco Javier Guerrero y Antonio Rivas, ambos exaltos cargos imputados, ayer tomando café.

Los documentos entregados ayer en el juzgado de instrucción número seis de Sevilla por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil demuestran el modus operandi tanto de los altos cargos como de los otros agentes que intervinieron en el fraude de los ERE que investiga Mercedes Alaya. Entre los seis tomos que la magistrada envió a las partes (sobre los expedientes de regulación de empleo subvencionados en las empresas Río Grande, Calderinox, Acyco, Aglomerados Morell) destaca una carta en la que un dirigente de Comisiones Obreras le pide al entonces director general de Trabajo para que incluya a un intruso en un ERE de Calderinox. La misiva pone de manifiesto el papel relevante que jugaron los sindicatos en la trama.

La carta, con membrete de CC.OO., fue enviada por Enrique Jiménez García, responsable de Acción Sindical de Comisiones hasta marzo de 2009 y luego secretario general de la Federación de Industria de CC.OO. en Andalucía y que fue imputado por la juez el pasado 27 de enero por su intervención en la introducción de un intruso en el ERE de Calderinox.

De hecho en la carta, firmada por el sindicalista el 21 de diciembre de 2009, le pide al sucesor de Guerrero en la Dirección General de Trabajo, Juan Márquez (también imputado) ese favor. «El pasado día 22 hablamos de la póliza correspondiente a los trabajadores de Calderinox y del trabajador Antonio Fernández Garzón que estaba previsto que se incluyera en esa póliza, aún cuando no pertenecía a esta empresa, por acuerdo entre nuestra organización y la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla», le dice. Luego le insiste en la inclusión del intruso pese a las reservas iniciales de la Junta. De hecho, el sindicalista expuso en la misiva que Fernández Garzón, que también fue imputado por la juez Alaya, fue trabajador durante 30 años de la empresa Litalsur y luego quedó desprotegido.

Así, el sindicalista le insiste en que «dada la situación y el proceso por el que ha pasado el trabajador en cuestión, actúe en consecuencia con los acuerdos que en su día se alcanzaron y logremos solventar este problema, con el tratamiento individual que proceda».

Al final la Federación de Industria de Comisiones Obreras logró una póliza de seguro de prejubilación garantizada por más de 172.000 euros pese a que, según insiste la investigación, al igual que Juan Rodríguez Cordobés (otro de los imputados en la causa) nunca trabajó en Calderinox.

Falta de control

Por otra parte en el informe entregado ayer por la UCO a la magistrada sobre la declaración del exdirector de Trabajo Javier Guerrero se hace hincapié en la falta de control en las ayudas y las irregularidades observadas en la concesión de las mismas.

También se destaca que Guerrero tenía como asesor externo a Ramón Díaz (exdiputado del PSOE), que procedía de UGT y que fue contratado por la Faffe. La UCO señala que entre sus cometidos «estaba la negociación de algunos ERE».

Y se concluye que la «deficiente gestión en la concesión de ayudas» provocó que se pagaran «comisiones elevadas a las mediadoras Vitalia y Uniter» porque estas eran «las únicas que podían conseguir que determinadas compañías de seguros aceptaran el pago a plazos del coste de las primas».

Y que, al incumplirse los calendarios de pago pactados con las aseguradoras, «se generaban cuantiosos intereses que eran asumidos sin reparo por la Dirección General», algo que era conocido y despachado con el viceconsejero» ya que era el jefe de los Servicios Administrativos de la Consejería de Empleo.

Ayer la defensa de Francisco Javier Guerrero dijo que su cliente tiene intención de declarar el próximo jueves y que insistirá en esa supuesta destrucción de papeles de la que ya habló ante la Guardia Civil.