El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2004 y hoy dimitido secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, concedió 400.000 euros de ayuda a un empresario de El Pedroso, Eduardo Lora, de la famosa partida «L 31», bautizada como «fondo de reptiles». No fue la única ayuda ni la mayor, según ABC, pero tiene peculiaridades.

La primera, que Lora transfirió poco después 300.000 euros del dinerorecibido a la empresa «Marco de Estudio y Proyección siglo XXI», propiedad de los exconcejales socialistas de El Pedroso José María Sayago y José Enrique Rosendo, que eran a su vez los jefes de Sonia Viera; por tanto, la subvención directa acabó en la sociedad en la que trabajaba su hija.

A esta empresa, dedicada a la gestión y creación de instalaciones turísticas, habían llegado ya sendas ayudas en julio de 2003 y enero de 2004 por valor de 450.000 euros cada una de forma directa, sin intermediarios, como ya informó ABC.

La segunda peculiaridad es la dificultad para encontrar el rastro de Lora en el desplegable entregado por la Junta de Andalucía a la juez donde se recogen todas las subvenciones otorgadas entre los años 2000 y 2010, objeto de investigación. Sin embargo, según los datos del Registro Mercantil, Lora fue socio de Sayago y Rosendo en al menos dos empresas del conglomerado que montaron estos dos exconcejales socialistas vinculados a la investigación derivada de los ERE, la «trama de la Sierra Norte de Sevilla».

Esta trama se benefició de ayudas directas por valor de 35,2 millones de euros en la época en que fue consejero José Antonio Viera. De esa partida, solo el tándem Sayago-Rosendo acaparó 13.757.483 euros, según el auto de 28 de octubre de 2011 de la juez.

Lora figuraba como presidente y consejero en varias de las sociedades del conglomerado montado por Sayago y Rosendo, pero además aparece como administrador único de otras dos firmas: Distribuciones Eduardo Lora, S. L. y Sociedad de Servicios y Envasados Sierra Norte S. L. La ayuda de 400.000 euros se otorgó supuestamente a una de estas dos empresas y de ahí llegó a «Marco de Estudio y Proyección siglo XXI», en la época en la que trabajaba en ella Sonia Viera (abril de 2003-mayo de 2004). Cuando se destaparon las ayudas otorgadas por su padre a esta empresa por valor de 900.000 euros el consejero alegó que desconocía que se habían otorgado a la sociedad en la que estaba empleada su hija.

Lora, exmarido de la que entonces era pareja sentimenal del consejero Viera, fue además presidente de la almazara de aceite Virgen del Espino de El Pedroso, que recibió 600.000 euros en 2003, con Viera en Empleo. Ambos se dejaron ver juntos en una asamblea de esa cooperativa aceitera, que ha seguido recibiendo dinero de la Junta. En agosto de 2009 se le aprobó una ayuda sociolaboral de 450.000 euros, que se le pagaron en dos plazos, el último un año después.

La UCO de la Guardia Civil abrió una línea de investigación específica en torno al conglomerado de la Sierra Norte a finales de octubre, que ya ha empezado a dar resultados positivos, como el descubrimiento de esta última ayuda con intermediario empresarial y sentimental incluido.

Los investigadores barajan la posibilidad de que quienes la autorizaron conocieran el destino final de la misma, dada la relación que mantenía el beneficiario directo, Eduardo Lora, con los responsables de la sociedad en la que finalmente acabó, por una parte y con quien la autorizó, Viera, por otra. Esta «contaminación» familiar —un cuñado de Viera está en otro de los ERE— ha llamado la atención de los funcionarios policiales.

Para conocer ese y otros detalles en torno a las empresas que recibieron casi catorce millones de euros —la trama de Sierra Norte fue la más beneficiada en ese periodo— los agentes están tomando declaración a todas las personas que aparecen en esos expedientes. Entre el miércoles y ayer estaba previsto que pasaran por dependencias de la Guardia Civil los dos exconcejales socialistas de El Pedroso ya citados y el empresario Eduardo Lora, todos ellos imputados por la juez.

Subrogada y no funcionaria

Por otra parte el sindicato CSIF remitió ayer un comunicado en el que aclaraba que María José R. imputada en la trama como informó ayer ABC, que ratificó el sistema fraudulento en el interrogatorio policial, no era funcionaria sino personal subrogado procedente de la antigua Faffe.