El presidente andaluz, José Antonio Griñán, junto a la parlamentaria Pilar Navarro.

La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos centra la investigación en el dinero para prejubilaciones y ayudas a empresas que la Junta libró opacamente y de forma arbitraria entre 2001 y 2010 con cargo a la partida 31.L, la que etiquetó el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, como «fondo de reptiles». Sin embargo, hay otra baraja de partidas que también están en el punto de mira. Entre ellas, la 32D, a través de la cual el Gobierno andaluz ha desembolsado también en la última década cantidades millonarias para cursos de formación. Hay empresas, de hecho, que han recibido ingentes cantidades por ambas vías.

Llama la atención el caso de la empresa jerezana «Antonio Gálvez Peluqueros». En el registro mercantil aparecen como propietarios, desde su constitución en 1998, Antonio Gálvez Barba y Antonio Jesús Sánchez Megías. Este último, ex alto cargo de la Delegación Provincial de Salud de la Junta en Cádiz, ha recibido más de cinco millones de euros desde el año 2000: 1,15 en concepto de ayudas sociolaborales del «fondo de reptiles» y otros 3,94 destinados a cursos de formación (partida 32D), fomento del empleo (32B) y talleres de oficio y escuelas de empleo.

La ayuda del «fondo de reptiles» que aparece en la relación de expedientes en poder de la titular del Juzgado número 6 de Sevilla, fue otorgada a principios de 2010. Mantiene un importe pendiente de pago de 287.500 euros. En aquel momento, el titular de Empleo era el ex consejero Antonio Fernández, también jerezano e imputado por prevaricación, malversación y tráfico de incluencias. No es la primera vez que una empresa recibe dinero del «fondo de reptiles» y para cursos de formación. Este periódico ya adelantó que el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas otorgó en 2009 una ayuda de más de 68.000 euros a Surcolor para el programa de formación profesional ocupacional. En esta empresa «coló» como intruso en un expediente de regulación de empleo a su cuñado Antonio Márquez Sánchez.

La Unidad Contra el Crimen Organizado (Udyco) remitió a principios de 2004, a petición de la Fiscalía, un informe al Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez en el que cuestionaba la ascensión meteórica del grupo Gálvez, así como la concesión mayoritaria de cursos de formación del Plemca a esta empresa. El ex alto cargo de la Junta reconoció que había recibido 2,7 millones entre 1998 y 2004.

Reclama discreción a los «enchufados»

La Consejería de Empleo ha tardado dos meses y medio en «acatar» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que el 15 de noviembre acordó la suspensión cautelar de la integración del personal de la extinta Faffe –contratados de manera discrecional y sin una prueba selectiva pública– en el Servicio Andaluz de Empleo. Lo ha hecho mediante una resolución a la que ha tenido acceso este periódico con fecha del 24 de enero del director gerente del SAE, Pedro E. Gracia Vitoria, sin firmar, y en la que dicta varias instrucciones para «sortear» la decisión del Alto Tribunal Andaluz. ¿Cómo burla el Gobierno andaluz la suspensión cautelar de la integración del personal?

El personal externo pasa a denominarse ahora «personal subrogado» y convive con funcionarios y personal laboral de la Junta. El SAE deja claro que trabajarán «en los mismos locales» que los funcionarios y como no podrán ejecutar «potestades públicas», les reclama «deber de reserva y discreción y buena fe contractual».