Traslado al Juzgado de las actas de los Consejos de Gobierno sobre los ERE.

Desde que surgieron las primeras denuncias por el escándalo de los ERE, el reparto de ayudas a empresas y ayuntamientos desde la Consejería de Empleo a través de una partida presupuestaria sin control y plagado de irregularidades, diferentes instancias socialistas mantienen un discurso basado en la estrategia del no. No a comisiones de investigación: no a admitir que se esté entorpeciendo la labor de la instrucción; no a aceptar la existencia de más responsables al margen del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y no, no, no a todo lo que suponga una crítica a la labor de la Administración. Esta logística se completa con proclamas en las que se minimiza el alcance del problema, se amplifica la colaboración con la investigación judicial y se lanzan acusaciones sistemáticas a la oposición —léase Partido Popular— de patrocinar campañas de acoso.

Comisiones de investigación. El PP ha solicitado en repetidas ocasiones que la Cámara andaluza investigue la trama, en una ocasión sobre ayudas a empresas en la Sierra Norte de Sevilla. La respuesta del diputado socialista José Muñoz Sánchez en el pleno del 24 de octubre del pasado año sigue perfectamente el guión. «Esto se llama persecución política, pe punto, pe punto, que curiosamente, son las iniciales de su partido. Persecución política. Sus intentos para poner en marcha comisiones de difamación en esta Cámara les retratan».

Minimizar los hechos. Desde el principio la Junta de Andalucía ha tratado por activa y por pasiva de limitar al máximo el escándalo, y de paso acusar a los populares de tergiversar los hechos en beneficio propio. El consejero de Empleo, Manuel Recio, en respuesta a una interpelación parlamentaria del secretario general del PP-A, Antonio Sanz, en diciembre de 2010, le espetaba: «Mire usted, señor Sanz, yo creo que hace una causa general de una causa particular. Me dice que cuántos ERE hay más. Yo no tengo conocimiento de ninguno. Y no tengo ninguna duda sobre la labor que han ejecutado las personas que me han precedido en el cargo».

Desmentido de acusaciones. El consejero Manuel Recio comparece en el Parlamento a petición del PP y rechaza todas las alusiones al escándalo en la sesión del 8 de junio de 2011. «En las acusaciones que nos están haciendo, por ejemplo, de haber pagado campañas de publicidad, pues vuelven a hacer la práctica de siempre: ustedes tiran la piedra y esconden la mano, porque es que no dan ni un solo detalles. Mire, señoría, si es que ya no da para más la cera que arde». Y subraya: «Ustedes, en su interés estrictamente político, y con tal de alcanzar un gobierno, son capaces de destrozar una Comunidad autónoma entera».

Negación de fraude generalizado. En reiteradas ocasiones los miembros del Ejecutivo andaluz han negado que el caso de los ERE pueda ser sinónimo de fraude generalizado. La tesis socialista es que estaba limitado al 1 por ciento de la partida presupuestaria conocida como «fondo de reptiles». El 17 de marzo de 2011 «Lo vuelvo a repetir —señalaba Recio—, ustedes dicen que es el 50 por ciento; yo les digo que es el uno por ciento. ¿Por qué?, porque estas ayudas son individuales, no a empresas. Por lo tanto, lo tengo que medir por el número de pólizas que ha habido».

Investigación interna ¿a fondo? En una de las últimas reciones del Consejo de Gobierno, la consejera Mar Moreno declaró que la Junta mantiene abierta la investigación para colaborar con la pesquisas del Juzgado. El consejero Recio, en el Pleno del Parlamento de 17 de junio del pasado año, aseguraba: «El jueves pude informar en la Comisión de Empleo que la investigación estaba concluida al 95 por ciento. Al día de hoy puedo confirmarle que la investigación, en lo que es el trabajo de los grupos de investigación, está concluida al cien po cien, y sólo queda lo que son las cuestiones finales de análisis y de ajuste por parte de este consejero».

Colaboración con la Justicia. El Gobierno andaluz y los dirigentes del PSOE han presumido desde que se descubrió el escándalo de haber puesto este asunto en manos de la Justicia, pero hasta en cuatro ocasiones la juez instructora, Mercedes Alaya, ha afeado que no le remitan documentación. A mediados de septiembre de 2011, Manuel Recio responde a una interpelación del secretario general del PP-A, Antonio San: «Señoría, aquí el único que miente es usted y de forma reiterada. Miente cuando dice que este consejero no remitió toda la documentación a la juez». Un mes después, Mercedes Alaya vuelve a requerir (por cuarta vez) copias íntegras y compulsadas de 84 expedientes de ayudas a empresas y ayuntamientos.

Todo dentro de la legalidad. La Junta se ha abonado a la tesis de que el procedimiento utilizado par la concesión de ayudas era legal porque la partida del fondo de reptiles, la 3.1.L estaba en los Presupuestos. Manuel Recio preguntó en el transcurso de un debate con el parlamentario del PP José Antonio Nieto, «cómo diría usted que es un procedimiento en el que falla el uno por ciento? ¿Diría usted que es un procedimiento desastroso? Yo lo que digo es que había procedimiento, que había control, y que lo que ha habido ha sido unos sinvergüenzas que han alterado ese control y se lo han saltado»..

«Persecución» de socialistas. El empeño por limitar la responsabilidad al exdirector general de Trabajo ha llevado a la Junta a defender a todos los exconsejeros de Empleo vinculados al escándalo, especialmente Antonio Fernández, quien finalmente fue imputado, aunque a día de hoy no ha sido llamado a declarar por la juez. Para la consejera Mar Moreno, que intervino en el pleno de 17 de febrero de 2011, «ustedes se limitan a perseguir al Gobierno, a perseguir socialistas». Recio apostilló: «Señorías, los sinvergüenzas no tienen cabida en el Partido Socialista, y lo demostramos día a día con nuestra actuación». Por entonces aún no había saltado la polémica del exchófer de Guerrero y la cocaína y se desconocían las nuevas imputaciones decretadas por la juez.