Los andaluces consideran mayoritariamente que el escándalo de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos es un asunto muy grave, mal gestionado por la Junta de Andalucía y que debió costar la dimisión del actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, ya que opinan que este estaba al corriente de los hechos.

El V Barómetro de Situación en Andalucía realizado por IMC para ABC ratifica el enorme impacto en la opinión pública de una polémica que puede tener un efecto decisivo en las elecciones autonómicas del 25 de marzo. Así, el escándalo relativo a la política de empleo de la Junta de Andalucía es conocido casi por tres de cada cuatro andaluces (73,3 por ciento de los encuestados), mientras que el 26,5 por ciento aseguran que no han oído hablar del asunto. Hace un año, el porcentaje de informados sobre la cuestión era del 68,6 por ciento. Curiosamente, el votante del PSOE es el que menos confiesa seguir la noticia, y así, el porcentaje de los que se declaran informados del escándalo es el más bajo de todos los partidos —67,1%, frente al 79,1% de los votantes del PP, el 82,8% de los de IU, el 73,9% de los del PA y el 82,6% de los de UPyD—. Sobre la valoración de los hechos, los encuestados coinciden casi unánimemente en apreciar su gravedad. Así, una amplia mayoría, el 72,7 por ciento, consideran este asunto muy grave, y el 23,2 por ciento, grave. Es decir, el 95,9 por ciento de los encuestados le conceden la máxima importancia. Incluso entre los votantes socialistas, el 94,4 por ciento de los encuestados ven como grave o muy grave el escándalo.

Ante este asunto de evidente trascendencia, la estrategia de la Junta de Andalucía ha sido anunciar una investigación interna, aunque, por el contrario, la juez instructora del caso ha denunciado la falta de colaboración del Gobierno andaluz. En este sentido, los andaluces no comparten, mayoritariamente, la reacción del Ejecutivo de José Antonio Griñán ante el escándalo. De esta forma, el 27,4 por ciento consideran que la actuación de la Junta no está siendo correcta en absoluto, mientras que el 26,1 por ciento estiman que dicha actitud es más bien negativa.

Responsabilidad política

Frente a este 53,5 por ciento de reproche, el porcentaje que apoya el papel del Gobierno autonómico socialista es notablemente inferior, ya que el 17,7 por ciento piensan que la actuación está siendo más bien correcta y el 8,7 por ciento creen que es totalmente correcta (26,4 por ciento total). En este caso, el PSOE al menos tiene el consuelo de que sus votantes creen sus argumentos, ya que el 55 por ciento apoyan total o parcialmente su reacción.

¿Y las responsabilidades políticas? El presidente Griñán, consejero de Economía cuando se produjeron los hechos, ha negado reiteradamente haber tenido noticia alguna de las irregularidades, asegurando que la entonces viceconsejera —y hoy consejera—, Carmen Martínez Aguayo, no le dio traslado de las reiteradas advertencias de la Intervención de la Junta. Sin embargo, el 52,2 por ciento de los andaluces no creen este argumento, y solo el 18,5 por ciento lo dan por válido. En el desglose por voto, solo los votantes del PSOE creen mayoritariamente al presidente —42,7 por ciento frente a 24 por ciento—.

Para la mitad casi exacta de los encuestados la gravedad de los hechos y el conocimiento de los mismos supone una ecuación que solo puede despejarse con la dimisión. Así, el 50,7 por ciento opinan que el presidente Griñán debería haber presentado su dimisión al estallar el escándalo. De este modo lo consideran el 71,7 por ciento de los votantes del PP, el 53,1 por ciento de los de IU, el 64,7 por ciento de los del PA y el 65,8 por ciento de los de UPyD, mientras que la mayoría de los electores socialistas —el 57,1 por ciento— no creen que Griñán debiera haber dejado la Presidencia andaluza por este escándalo.

Medidas de Rajoy

Si el escándalo de los ERE va a lastrar con toda probabilidad las opciones electorales del PSOE, en el otro lado de la balanza se situaría a priori las medidas contra la crisis adoptadas por el Gobierno de Rajoy, especialmente el incremento de impuestos. En este sentido, el 55,6 por ciento de los entrevistados cree que estas decisiones influirán en las elecciones andaluzas, mientras que el 29,8 por ciento opina lo contrario. Los que más convencidos están de esta influencia son los votantes de IU, ya que el 74,1 por ciento piensan que incidirá en las urnas, por un 56,5 por ciento del PSOE y un 56,1 por ciento del PP.

Entre los votantes que piensan que las medidas de Rajoy tendrán repercusión electoral, el 27,1 por ciento considera que beneficiarán al PSOE, mientras que sólo el 17,7 por ciento estima que mejorarán los resultados del PP. Otro 10 por ciento cree que beneficiará a otros partidos.