La cabeza de lista del PP de Málaga a las elecciones autonómicas, Esperanza Oña (en la imagen) ha denunciado este miércoles prácticas “inadecuadas” que se vienen realizando de forma “habitual” en el hospital Carlos Haya de Málaga en cuanto a la ejecución de las listas de espera y la suspensión temporal de los pacientes, según un informe que la propia Consejería de Salud desarrolló en 2007 en el citado centro sanitario.

Ha explicado, en rueda de prensa, que se trata de un informe público que la Consejería ha mantenido “oculto en un cajón” durante cuatro años y cuya existencia, además, ha negado a los grupos parlamentarios. Según Oña, en 2008 el PP planteó en el Parlamento una comisión de investigación sobre este asunto “y el PSOE votó en contra acusándonos de alarmistas y catastrofistas”.

Por tanto, la ‘popular’ ha calificado esta situación de “boicot parlamentario a la transparencia”, al tiempo que ha pedido la dimisión “inmediata” de la consejera de Salud, María Jesús Montero, así como “que acepte que ha mentido públicamente, porque este informe es incuestionable”, ha sentenciado.

“La consejera ha mentido en el Parlamento siendo conocedora de que se había hecho una inspección y, como consecuencia, de un informe que tenía en su poder, sabiendo cuales eran las prácticas que se venían haciendo día a día” en el Carlos Haya y que “también podemos entender que es habitual en toda Andalucía”, ha declarado.

Las principales conclusiones de este informe sostienen que el 33 por ciento de las supuestas revaluaciones clínicas no se han producido o, al menos, no hay documentación que lo acredite. En este sentido, Oña ha afirmado que estas personas “están siendo olvidadas por el sistema sin que ellos ni siquiera lo sepan”.

Pacientes engañados

Asimismo, ha indicado que el 90 por ciento de los pacientes que pierden sus garantías por rechazar operarse en un centro concertado son “engañados” por el propio hospital, que desde “el minuto cero” les ofrece esta posibilidad sin respetar el periodo establecido entre el momento en que se inscriben en la lista de espera y la ejecución de la operación.

Por otro lodo, la también alcaldesa de Fuengirola (Málaga) ha puesto de manifiesto la circunstancia de que el 100 por cien de las personas que entran en suspensión temporal por motivos personales alegan una “causa o motivo de fuerza mayor”.

Ha indicado que “aquí también se detecta la trampa” al no contemplarse ningún tipo de documentación que acredite motivos que impidan llevarse a cabo la operación. Por tanto, según la ‘popular’ “basta” con que esta persona llame por teléfono, “sospechando” además que “a lo mejor ni siquiera se ha realizado la llamada”.

Oña ha afirmado que en el informe consta “literalmente” que todo esto constituye “una práctica habitual” y que es “completamente inadecuado”; las cuales Montero “conoció, permitió, consintió y se siguieron llevando a cabo, para beneficiar a la Consejería y perjudicar a los pacientes”. Por tanto, ha insistido en que se trata de una “estrategia de engaño a los pacientes que ha mantenido en el tiempo”.

A pesar de ello, la parlamentaria del PP ha indicado que Málaga es la provincia de Andalucía que “más soporta” las listas de espera; siendo, a su vez, donde más han crecido durante el periodo de junio a diciembre de 2011.

Asimismo, es la provincia que más pacientes en suspensión temporal tiene, concretamente, entre un 35 y un 40 por ciento del total regional. Ha explicado que a esta situación de suspensión se llega porque se lleve a cabo una revaluación del paciente en la que se decida que no tiene que operarse, o por razones particulares que la propia persona habría de acreditar en un plazo de 10 días.

Vulneración deliberada

El documento de 2007, sin embargo, establece que “todo esto no se respeta, sino que se vulnera deliberadamente y siempre con la intención de que el paciente no tenga información de por qué puede perder sus garantías de tiempo de espera”, así como de que “esas listas puedan resultar maquilladas de forma que beneficien a la propia Consejería aunque perjudiquen al paciente”, ha sostenido Oña.

No obstante, “entendemos que el personal no es culpable, sino que recibe órdenes de los jefes de servicio o de la dirección médica”, ha aclarado, por lo que, “en consecuencia, podemos afirmar que también son órdenes políticas, establecidas como ‘modus operandi’ del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de la Consejería de Salud”, ha concluido.