Guerrero antes de declarar ante la Guardia Civil el pasado jueves.

La Junta de Andalucía destruyó documentos tras salir a la luz el escándalo de los ERE fraudulentos. Así consta en el acta de la declaración prestada el pasado jueves ante la Guardia Civil por el principal imputado en la causa, Francisco Javier Guerrero, que fue director de Trabajo en el Gobierno andaluz durante nueve años.

En su declaración, desvela que tras su salida de la Junta (en abril de 2008) «tiene conocimiento por funcionarios que no quiere identificar de que se han destruido documentos (sic) a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos de Mercasevilla». Según este antiguo alto cargo —que ha situado a varios ex consejeros en el eje de la trama, entre ellos a Gaspar Zarrías, mano derecha de Manuel Chaves—, contó con la colaboración del hoy diputado del PSOE (y entonces mero asesor) Ramón Díaz para el proceso de seguimiento de los pagos. Díaz «le asistía y le ayudaba en la confección de los expedientes».

De esta forma, Guerrero empieza a «tirar de la manta» para desvelar el fraude de los ERE falsos. El imputado, cuyo chófer confesó que gastaron juntos parte de las ayudas en «cocaína, fiestas y copas», y que Guerrero recibía a muchos de los que le pedían dinero en un pub con un gin tonic en mano, ha empezado a hablar. Así afirmó que para salvar las reticencias de la Intervención General de la Junta cuando ponía reparos al sistema de pagos, en 2001 se firmó un convenio por el que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) aprobaba la ayuda. El convenio fue rubricado por el consejero y el viceconsejero (entonces José Antonio Viera y Antonio Fernández).

Consejo de Gobierno, al día

Ambos le indicaron que esa «era la nueva herramienta de trabajo», para la cual les asesoró un despacho de abogados. Ese convenio se justificó en que buscaba «la paz social» para evitar conflictos con trabajadores en Andalucía. En cuanto a la forma de adjudicación, Guerrero cree que «debía ser conocida por el Consejo de Gobierno. «Me extrañaría que no fuera así», dijo a la Guardia Civil. De hecho, también recalcó que esa herramienta que regulaba las subvenciones era una figura conocida por los sucesivos consejeros de Empleo y «a la que nadie puso reparo en nueve años».

Guerrero confesó que en el Consejo de Dirección de cada lunes (reuniones internas de la Consejería) cada directivo exponía «lo que llevaba», incluidas las ayudas. Y algunas, «por su entidad», eran despachadas personalmente con el consejero. Así ocurrió con los EREs de Faja Pirítica, Delphi o Astilleros. Además, a partir de 2007 las órdenes de pago llevaban el visto bueno del viceconsejero (entonces Agustín Barberá).

El descontrol con las ayudas también fue puesto de manifiesto. Según Guerrero, su Dirección General «no tenía capacidad de control» y nadie lo realizaba. Y eso que «sabían que algunas empresas iban a cerrar aunque les diera dinero». Era el caso de Santana o de la Faja Pirítica de Huelva. Y en cuanto a los informes de la Intervención poniendo de manifesto las irregularidades, afirmó que llegaban al consejero y que ellos intentaron regular la forma de concesión de esas ayuda a través de órdenes y borradores que llevaron al «consejillo», la reunión de cada consejeros con el de responsable de Presidencia y que entonces presidía Gaspar Zarrías. Según admitió Guerrero, se intentó regular ese convenio, pero no pasó el filtro del «consejillo» y nunca llegó al Consejo de Gobierno.

El imputado fue interrogado por varios ERE investigados por la juez Alaya. Sobre el de Surcolor, afirmó que el delegado de Empleo, Antonio Rivas (ya imputado) era competente para resolverlo, y que el entonces viceconsejero «tenía conocimiento de la tramitación del expediente y de la fórmula que se estaba siguiendo». Sobre el ERE de Río Grande, Guerrero confesó que lo puso en conocimiento del consejero y el viceconsejero y que Antonio Fernández (imputado) le dijo que «hiciera lo que tuviera que hacer» para solucionarlo.

«No había controles»

El papel de las aseguradoras también queda patente. Según reconoció, sólo le daban facilidades de pago dos aseguradoras Vitalia y Uniter. La Guardia Civil le preguntó por qué eligieron a Vitalia, que cobraba una comisión del 16,9% por la gestión de los ERE, cuando le media era del 3,18. Guerrero contestó que nadie que no fuera Vitalia o Uniter quería trabajar con ellos y que el mediador era el sindicalista de UGT Juan Lanzas.

La declaración también retrata al personaje que ayudaba «a todos». «He ayudado a todo el que lo pedía», dijo confesando que le parecía mal que hubiera dos personas (ambos imputados) que cobraron pólizas a la vez que su pensión. «Está mal hecho, pero no había controles». Tras esa escandalosa confesión a la Guardia Civil, Guerrero se fue a un bar de copas y se dejó fotografiar. Haciendo la «v» de victoria con los dedos.