El alcalde de Alosno (Huelva), el independiente Diego Expósito, y miembros del equipo de gobierno, en el que figuran concejales del PP tras alcanzar el pasado mes de mayo un pacto, han presentado este miércoles ante la Fiscalía provincial de Huelva una auditoría de los últimos cuatro años de gobierno socialista en el Ayuntamiento, realizada por una empresa externa, con el fin de que el Ministerio Público determine si hay algún tipo de delito en esta gestión tales como presunto desvío o malversación de fondos, que se reflejan en el citado informe, según ha asegurado Expósito.

En declaraciones a los periodistas en la puerta de la Audiencia Provincial de Huelva antes de presentar la auditoría a la Fiscalía, el primer edil de Alosno ha hecho hincapié en que no descartan llevar este asunto ante el Juzgado de Valverde del Camino porque el Ayuntamiento se encuentra en “quiebra técnica con una deuda de cuatro millones de euros, de los que 2,8 se le adeudan a proveedores y 1,2 al Estado y a la Junta de Andalucía por subvenciones recibidas, pero no ejecutadas”.

En esta línea, Expósito ha manifestado que “los ingresos anuales del Ayuntamiento son de 1,2 millones de euros y los gastos de 2,4, por lo que hay un déficit de 1,2 millones que no sabemos cómo regularizarlo”. En este sentido, ha culpado de “esta caótica situación” al anterior equipo de gobierno, indicando además que no pueden hacer uso de los ingresos del Estado “porque estamos embargados”.

Así, ha remarcado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento “consideran que hay irregularidades y delitos” y ha puesto como ejemplo que el anterior gobierno actuó en ocasiones “con informes negativos de la secretaria interventora en obras procedentes de los fondos Feder o del Plan E”.

En la auditoría, según ha señalado el alcalde de la localidad, reza que cuando llegaban al municipio “subvenciones por parte del Estado o de la Junta se desviaba para otras cosas”.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, el popular Pedro Inglés, ha añadido que ahora “el Estado exige el reintegro de estas obras y de los proveedores que han ejecutado las mismas, que supone una deuda de 1,2 millones de euros, porque se ha cobrado el dinero pero se ha gastado en otra cosa”, y ahora, ha indicado, el Gobierno “pide la certificación de la obra o la devolución de la subvención”.