D.S.- EL nuevo auto de la juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en la tramitación de expedientes de regulación de empleo por la Junta de Andalucía, representa un salto cualitativo en la dimensión política del caso de corrupción que más daño está haciendo al socialismo en el poder, precisamente en vísperas de someterse al veredicto de las urnas, el único contra el que no cabe recurso alguno. El único que es inapelable.

A partir de ahora no hay un solo director general de Trabajo imputado, el ya famoso Francisco Javier Guerrero, retratado para la posteridad -independientemente de su suerte judicial- por la confesión de su antiguo chófer y colega de copas y otras actividades lúdicas, que también pudo disfrutar de las subvenciones que tan espléndidamente distribuía su jefe. También han quedado imputados su sucesor, Juan Márquez, y el sucesor de su sucesor, Daniel Alberto Rivera, que ocupa actualmente el cargo, con Manuel Recio como consejero nombrado por Griñán.

Sumando al ex consejero Fernández y el ex delegado provincial Rivas, son ya cinco los altos cargos del Gobierno andaluz con imputaciones, por haber intervenido o consentido la presencia de intrusos en los ERE irregulares (para entendernos: gente que recibió ayudas sin haber trabajado en las empresas en crisis para las que se arbitraron tales ayudas). Sería una ingenuidad creer que se detendrá en ellos la cadena de imputaciones, que cada vez recuerda más a los diez negritos de Agatha Christie. Y sería vana ensoñación que la Junta siguiera defendiendo que toda la trama de los ERE es fruto de la exclusiva pillería de un individuo (Guerrero). El mismo auto de ayer solicita información a otras cinco consejerías de la Junta que concedieron ayudas de similares características a las del “fondo de reptiles” que centra las investigaciones de la juez.

Pero hay más. Alaya ha imputado igualmente a varios abogados, intermediarios, sindicalistas y empresarios, apuntando a uno de los elementos activos del fraude que hasta el momento presente no había sido más que aludido. A cuenta de beneficiar a las criaturas en estado de necesidad -y también a las autopropuestas por considerarse ellas mismas necesitadas- con las subvenciones públicas a las que no tenían derecho, se había organizado una auténtica red de mediadores, conseguidores y consultores que han engordado sus cuentas corrientes con auténtica fruición. Están documentados algunos casos en los que la comisión por tramitar el ERE ha supuesto el 25% del coste del mismo. Trabajaron a porcentaje, pero ¡qué porcentaje!

En fin, los ERE eran una merienda de negros, y de aquí al 25 de marzo veremos desfilar también a mulatos, indios y cobrizos