El ex ministro de Industria adjudicó un contrato de 4,2 millones de euros a la empresa en la que trabaja el que fue abogado jefe del MinisterioEl letrado Eduardo Soler participó en el cambio de regulación energética y ahora se le contrata para que solucione los problemas que generó

El bufete beneficiado por Industria fichó antes al letrado del Ministerio En el Ministerio de Industria se conoce como «el concurso a dedo». ABC revela que ha tenido acceso a este documento, y a otros, que demuestran cómo el ex ministro de Industria del Gobierno de Rodríguez Zapatero Miguel Sebastián adjudicó por un procedimiento «urgente, negociado y sin publicidad» un contrato de 4,2 millones de euros a la empresa Herbert Smith.

En esta empresa trabaja el que fuera, desde 2007 hasta enero de 2011, abogado del Estado de Industria, Eduardo Soler, que participó en los cambios de regulación que los socialistas aprobaron en el sector fotovoltaico. Precisamente, el contrato con esta firma es para la defensa del Estado español en el ámbito internacional, ante las reclamaciones que presentaron los afectados por un cambio normativo que ellos consideraban que les afectaba gravemente. Unas reclamaciones que ascienden a unos 740 millones de euros.

Este contrato había levantado muchas suspicacias en el seno del Ministerio de Industria, sobre todo porque beneficia a la persona que había participado activamente en esta polémica regulación. «Él cambia la línea política en el sector energético, abandona la Administración y se va a trabajar a un despacho al que contrata el Ministerio de Industria para resolver este lío», comentan a ABC fuentes solventes.

Cambio legislativo

La cronología de los hechos se remonta al Real Decreto 14/2010, aprobado por el Gobierno socialista y convalidado por el Parlamento en enero de 2011, que supone una modificación en la retribución de las plantas ya instaladas. El principal cambio que introduce es la desaparición de la obligación del Estado de asumir la compra de toda la energía generada. Esto provoca caídas de entre el 20% y el 30% de los ingresos de las empresas del sector. Concretamente, el Ejecutivo redujo las tarifas para las plantas fotovoltaicas en techo entre un 5 y un 25%, mientras que las ayudas para las instaladas en suelo se redujeron un 45%. El Estado dejó de pagar al sector 607 millones por la reducción de tarifas y 740 por la disminución de horas con derecho a primas para las instalaciones fotovoltaicas.

Esta medida provocó que quince fondos extranjeros hayan demandado al Estado español ante el Tribunal Internacional de Arbitraje de Londres e incluso el Ejecutivo ha sido también demandado por vulnerar el Tratado sobre la Carta de la Energía.

El contrato que se le adjudica a la firma donde trabaja el abogado del Estado, que participa en la elaboración de esta nueva regulación, es precisamente para la defensa del Estado español en los procesos arbitrales que se susciten contra él.

La Junta de Contratación se pronunció a favor de Herbert Smith Spain en sesión del 11 de octubre de 2011, y el contrato se formaliza el 16 de noviembre de 2011 . El Boletín Oficial del Estado publica el anuncio de formalización el 3 de diciembre de 2011.

La adjudicación se tramita por el procedimiento de «urgencia y sin publicidad» por un importe de 4,2 millones de euros, partiendo de un presupuesto inicial de 1,6 millones. Esta cuantía, según las fuentes consultadas, «supera ampliamente la prevista para un concurso público». Este importe total se desglosa en las siguientes partidas: 1,6 millones es el presupuesto de licitación, 800.000 euros en gastos complementarios, 600.000 para las modificaciones previstas y 1,2 para las prórrogas. El contrato es para un periodo de cuatro años.

Las fuentes consultadas indican que «todo hace pensar que fue un concurso amañado para dar el contrato a Herbert Smith, en detrimento de los profesionales españoles». En este sentido, subrayan que «a alguien que ha creado un problema con las primas fotovoltaicas, que ha derivado en una reclamación en Londres de 400 millones de euros, le priman con este contrato de asesoramiento. Es sacar dinero del Estado de forma infame, mucho más en la situación de grave crisis económica»

Una vez adjudicado el contrato, el Ministerio de Industria envía una carta a los despachos que participaron en el concurso (al ser un procedimiento negociado se solicitan algunas ofertas sin estar abierto al público) justificando por qué el Ministerio entrega a Herbert Smith la defensa jurídica de la posición del Estado en la reclamación ante el Tribunal de Arbitraje de Londres. El argumento que esgrime es la importancia de lo que denomina «defensa continuada de la postura del Estado». Un «concepto jurídico indeterminado para abrir, a costa del contribuyente, un paraguas protector para Eduardo Soler y sus actuaciones en el Ministerio de Industria», según estas mismas fuentes.

Al margen de este argumento, en la carta también se expone que en la oferta de esta empresa «se incorporan una serie de esquemas sobre el modo en el que se tramitan los arbitrajes conforme al Convenio Ciadi de la Cámara de Comercio de Estocolmo. También una declaración de su experiencia en la designación de árbitros y en el conocimiento de los idiomas inglés y español». Otra de las bazas a favor de Herbert Smith es que «se acompaña estudio de las cuestiones procesales que puedan plantearse y una propuesta de estrategia de defensa de la posición del Reino de España. Al tiempo, se realiza la puesta a disposición de la biblioteca y de los recursos on-line que están a disposición de la firma. La valoración debe ser media-alta».