Díez y Romero/Abogados.- El 20 de enero, se hizo pública la declaración de Lamar Smith, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en la que justificaba el aplazamiento del análisis de la nueva legislación contra la piratería online. La razón: tomar en consideración las protestas de los críticos.

Revisar en enfoque del proyecto

En la comparecencia el congresista por Texas ha sido claro en el sentido de mantener los proyectos legislativos contra las descargas ilegales, aunque deberán ser revisados. De este modo afirmaba que “he oído de los críticos y me tomo en serio sus preocupaciones con respecto a la legislación propuesta para resolver el problema de la piratería en línea. Está claro que tenemos que revisar el enfoque sobre la mejor manera de abordar el problema de los ladrones extranjeros que roban y venden invenciones estadounidenses y de los productos”.

Es decir, se reconoce que la orientación en el análisis de la nueva legislación antipiratería online ha de ser más certera. Sobre todo en una mayor búsqueda de adecuación a la hora de evitar un escenario de incertidumbre. Incertidumbre para la industria y los internautas ya que se ha de definir bien que webs son legitimas para la compartición de contenidos.

El Congreso de los EEUU no se va a mantener pasivo

Está claro que a pesar del retraso en su tramitación, el proyecto SOPA y PIPA verán la luz finalmente. Será muy posible que con pequeños matices motivados por el clima contestatario en la red.

No obstante, Lamar Smith ha sido muy contundente al manifestar que “el problema de la piratería en línea es demasiado grande para ignorarlo. La industria estadounidense de propiedad intelectual proporciona 19 millones empleos bien remunerados y representa más del 60% de las exportaciones de EE.UU. El robo de propiedad intelectual de Estados Unidos cuesta a su economía más de $ 100 mil millones al año y ocasiona una pérdida de miles de empleos en Estados Unidos. El Congreso no puede mantenerse al margen y no hacer nada mientras los innovadores de América y creadores de empleo están bajo ataque.

La posición está muy clarificada: EEUU no va a permitir la pérdida de exportaciones y empleos vinculados con la industria de la propiedad intelectual. Ello nos da una idea de la contundencia con la que se va actuar, tras fijar con nitidez los parámetros de actuación.

Los robos online no serán tolerados

La operación Megaupload ha dejado clara las intenciones de los EEUU de asaetar duros golpes a las descargas ilegales. Como también es clarificador el mensaje del senador republicano al afirmar que “El robo de propiedad intelectual online de Estados Unidos no es diferente que el robo de productos en una tienda. Es ilegal y la ley se aplica tanto en la tienda y en internet”.
Se prima la aplicación severa de la ley contra la propiedad intelectual con independencia de cual sea el ámbito en donde se cometa la infracción: si el robo físico está penalizado también lo tiene que estar el digital.

Participación de las entidades del sector

Las entidades del sector objeto de regulación van a cobrar más protagonismo en la tramitación de la nueva legislación propuesta. Así, Lamar Smith manifiesta que “El Comité seguirá trabajando con los propietarios de los derechos de autor, las compañías de Internet, las instituciones financieras para desarrollar propuestas que luchar contra la piratería online y proteger la propiedad intelectual de Estados Unidos”.

Un especial efecto ha tenido la crítica mundial ante la novedosa reglamentación ya que claramente hace un guiño al sector, invitándole a exponer sus iniciativas. “Damos la bienvenida a la entrada de todas las organizaciones y los individuos que tienen una diferencia honesta de opinión sobre la mejor manera de abordar este problema generalizado. El Comité mantiene su compromiso de encontrar una solución al problema de la piratería en Internet que proteja la propiedad intelectual y la innovación estadounidense”.

Lo olvidado

Conviene reseñar que los proyectos de ley que se están tramitando también contemplan aspectos como la venta ilícita de medicamentos con receta por la red, el tráfico de partes de seguros de automóviles, la falsificación de productos peligrosos y la venta de material militar con el riesgo que ello significa.