LG.- Las terminaciones de embarazos se pagan con dinero público, pero nadie controla a las clínicas. Sólo Cataluña y Baleares han comunicado cuánto pagaron.

Las Administraciones Públicas gastaron más de 38,5 millones de euros para financiar abortos en 2010, el año en que entró en vigor la Ley del Aborto promovida por la ex ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

El gobernante nacionalista de Cataluña, Artur Mas, ha sido el único que ha proporcionado el dato aproximado –7,8 millones de euros– que gastó financiando abortos en 2010 su predecesor socialista, José Montilla. Para el resto de comunidades, hay que hacer una proyección aproximada, basándose en los 340 euros por aborto pagados en Cataluña, y en el número de terminaciones de embarazos declaradas en cada comunidad autónoma.

A pesar de ser realista respecto al precio de un aborto, esta cifra no indica el dinero real desembolsado por las comunidades autónomas. Así, mientras puede suponerse que Cataluña pagaba ya en 2010 todos los abortos, la obligación de pago incondicional no existía hasta que, a partir del 4 de julio de ese año, entró en vigor la ley Aído.

De esa forma, se comprende que el nuevo Gobierno balear de José Ramón Bauzá (PP) haya declarado que su predecesor socialista, el caraqueño Francesc Antich, gastó en abortos en 2010 la cantidad de 180.000 euros, que sólo supondría el 16% del precio de mercado (1,1 milllones de euros) de los abortos ejecutados ese año en el archipiélago; y que en 2011 pagó 540.000 euros. A pesar de triplicarse la subvención, la cantidad pagada en 2011 no habría bastado ni siquiera para pagar la mitad de los abortos, y eso suponiendo que no aumentara su número en un año.

Las únicas comunidades autónomas que presupuestan sus gastos en abortos –Andalucía y Castilla y León– lo hacen con precios muy divergentes. Andalucía, a fines de 2010 presupuestó 6,7 millones de euros para pagar los abortos de 2011 a precios algo inferiores a los de mercado (275 euros por cada intervención), pero en julio de 2011 subió el presupuesto para pagar, en el caso de la provincia de Huelva, cada aborto a 351 euros, es decir, algo más de lo que paga Cataluña.

En Castilla y León, la Junta presupuestó en 2010 el pago de los abortos en las provincias de Valladolid y León a un precio unitario, respectivamente, de casi 640 y 550 euros.

A la disparidad de precios regional y la opacidad de las administraciones –sólo Cataluña y Baleares han comunicado cuánto pagaron en 2010– hay que sumar la incertidumbre que supone que la única fuente de las estadísticas que el Ministerio de Sanidad publica sobre el aborto, sea lo que declaran las clínicas privadas, que ejecutan el 98% de las terminaciones de embarazos: lo hacen en función de sus intereses, sin que nadie controle su veracidad.

Desde 1994, se ha anotado un aumento anual de los abortos superior al 3%, salvo una bajada del 2,8% en 1997, primer año completo de Gobierno de Aznar. Zapatero llegó con renovados aires abortistas, que se reflejaron en notables incrementos en una cifra que en 2003 había crecido con un moderado 3,5%: del 6,5% en 2004 se pasó a un aumento anual del 10,8% y 10,4% en 2006 y 2007.
Entonces, coincidiendo con el escándalo de los abortos presuntamente ilegales en las clínicas barcelonesas del doctor Morín, se vio la necesidad de maquillar los datos para impulsar una ley de aborto libre, pero sin dar la sensación de favorecer al negocio.

Apoyo a la ‘ley Aído’

Recuérdese que las estadísticas del aborto salen con un año de retraso. Las de 2008, por tanto, se publicaron a fines de 2009, cuando ya se había aprobado la ley Aído y se quería dar la sensación de que el aborto no era un negocio en auge. De modo que para ese año se anotó un crecimiento del 3,3% que respecto al del año anterior (10,4%) suponía una desaceleración del 7%. Poco importaba que el Registro Mercantil reflejara que los ingresos de las clínicas abortistas aumentaron el 11%.

Aún más notable fue la manipulación de las estadísticas de 2009, publicadas a fines de 2010, es decir, ya con la ley Aído en vigor. Para continuar con la sensación de que el aborto era un problema en vías de solución, se anotó un descenso en la cifra de abortos del 3,7%, lo que de nuevo –por comparación con el ya moderado ascenso de 2008– suponía una nueva desaceleración cercana al 7%.

El aborto convertido por la ley Aído en derecho y pagado sin condiciones con fondos públicos, supuestamente debía implicar mayor transparencia en los datos sobre la gestión del dinero de los ciudadanos por parte de las clínicas abortistas. Pero no ha sido así.

Cifras increíbles

Los datos sobre terminaciones de embarazos en 2010, publicados el pasado día 13, constituyen un esperpento al que nadie mínimamente versado en estadística puede dar crédito.

En resumen, los 113.031 abortos declarados suponen un aumento del 1,4% respecto a 2009. Pero el resumen consta de dos partes: los datos de la primera mitad del año –bajo la legislación de 1985– y los de la segunda –ya con la Ley Aído– que, por separado, resultan absurdos.

Las más de 200 páginas del informe del Ministerio estudian todo tipo de datos, salvo los relevantes: que en la primera mitad de 2010, con respecto a 2009, el aborto habría aumentado el 14%. E, inmediatamente, en la segunda mitad, con la Ley Aído, habría bajado el 12%. Cifras sin precedentes y además inmediatas. Sumando la diferencia entre el aumento inicial y la inmediata disminución, la milagrosa y repentina inversión obrada por la Ley Aído equivale a una desaceleración del 26%.

La trampa de este imposible impacto de la ley Aído es manifiesta si observamos diversidades regionales como el aumento del 27% de los abortos en Asturias y la disminución superior al 6% en Cataluña. Una estadística mortal, que además se ríe del contribuyente.

Mucho ruido y menos dinero que para el aborto

Bajo el nombre de Red Madre, el Foro Español de la Familia impulsó una serie de leyes de apoyo a las embarazadas. Castilla y León aprobó la primera el 10 de diciembre de 2008. Le siguieron la Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia y, en marzo de 2011, Madrid. Estas leyes han supuesto subvenciones inferiores a lo que se paga para el aborto, a pesar de que la ‘ley Aído’ especifica que esas ayudas deben incluirse en la información para las mujeres que piden el aborto, a modo de alternativa.En Castilla y León se otorgó en junio de 2011 una subvención de 71.000 euros a las asociaciones agrupadas en Red Madre. En Madrid, esta Fundación atendió en 2010 a 4.500 mujeres embarazadas que, en caso de abortar, habrían supuesto para la Comunidad un gasto de al menos 1,5 millones de euros.

Sin embargo, la ayuda del Gobierno madrileño a la Fundación fue de solo 16.000 euros. En Baleares, el gobierno de José Ramón Bauzá (PP) manifestó este mes su intención de dedicar a estas asociaciones los 540.000 euros que su predecesor socialista dedicó en 2011 a pagar abortos. En la Comunidad Valenciana se anunció en marzo de 2009 que cualquier embarazada en “condiciones de dificultad” podría optar a una subvención de 600 euros durante tres años. Pero sólo se podía atender a 108 mujeres con un presupuesto total de 2,3 millones de euros, inferior a los 3,6 que cuesta el aborto en esa comunidad.

Aparecen 18 nuevas clínicas de “interrupción”

La estadística de 2010 incluye 18 empresas que no estaban en 2009. Además, hay 12 que desaparecen, entre ellos un gran hospital privado barcelonés (Quirón), por lo que el saldo es de seis abortorios más, hasta un total de 142 (el Ministerio incluye repeticiones y suma erróneamente 147). Como en años anteriores, se incluyen empresas inexistentes, otras que dan nombres falsos y muchas que no presentan balances. En Barcelona, el centro llamado Giness sigue sin ser una empresa. En Pontevedra vuelve a aparecer una Clínica Climent, bajo la que posiblemente se disfraza Elías García Climent, que representa en Galicia a ACAI (la asociación de clínicas abortistas).

La supuesta clínica Cire de Ciudad Real no aparece en el Registro Mercantil. Y estos mismos patrones se repiten en el resto de comunidades.