Mariano Rajoy lo ha dicho muy claro en su discurso de investidura. El líder del PP llevará al Congreso de los Diputados una reforma del modelo de las televisiones públicas manifestando su decisión de privatizar las cadenas autonómicas.

Esta determinación no es reciente. Las Comunidades Autónomas en las que ha ganado el Partido Popular, como es el caso del Canal Castilla La Mancha con María Dolores de Cospedal, ya venían augurando que la privatización sería la única salida de estos canales. Sin embargo, con el alegato de Rajoy de este lunes, las autonómicas han visto las orejas al lobo.

“Dentro de la cadena todavía no se habla de privatización”, han asegurado fuentes de la cadena castellano-manchega a Vanitatis. “Nuestro único objetivo ahora es realizar un buen trabajo y conseguir ser un canal cercano a los ciudadanos de la comunidad”.

Pero este argumento no es el mayoritario. El Sector Estatal de Medios de Comunicación, Artes, Cultura y Deporte de FSC-CCOO, que ha apoyado muy de cerca el sentido público de la cadena, emitió un comunicado este lunes en el que expresaban “su compromiso en la defensa de la radiotelevisión pública como servicio esencial de la ciudadanía”, según destacaba esta nota.
Por su parte, los sindicatos de Telemadrid perciben esta decisión como “un ataque a todo lo público”. La cadena madrileña “debe ser un servicio público que apueste por producciones propias y que erradique totalmente la manipulación informativa”, según han indicado fuentes de la cadena a este medio. “Nuestra prioridad es mantener el empleo”.

Desde Andalucía, el ambiente es muy similar al resto. Este miércoles RTVA, en el que se engloba a Canal Sur, se manifestará frente al Parlamento de Andalucía para expresar su negativa ante los procesos de privatización que se están comenzando a gestar por parte del Partido Popular.

Una meta a largo plazo

De todos modos, la privatización de las cadenas autonómicas es un planteamiento a largo plazo ya que supone un consenso dentro del Congreso y un cambio en la llamada Ley del Tercer Canal, que permitió la creación de los canales regionales en los ochenta.

Mientras tanto, el presidente de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), José Miguel Contreras, ha expresado su aprobación ante la posición del presidente de Gobierno. Según los sindicatos, este consentimiento respondería a un deseo de obtener mayores ingresos por publicidad para los canales privados, como ocurrió con la supresión de la publicidad en TVE.

El mes pasado, UTECA dio a conocer un estudio, elaborado por Deloitte, en el que se afirmaba que las televisiones públicas habían cerrado el 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros, un 3 por ciento menos que en 2009, lo que hace que cada hogar español pague una media de 152 euros, 84 euros prodecentes de cadenas autonómicas.