E.C.- Se estrecha el cerco. José Antonio Viera, número 2 del PSOE por Sevilla al Congreso de los Diputados, ordenaba pagos de convenios con ayuntamientos vinculados al fondo de reptiles de 700 millones de euros de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo, quien destapó este fondo en febrero, ejecutaba las órdenes directas de Viera, según denuncia el PP de Andalucía.

En un protocolo de colaboración, firmado el 17 de noviembre de 2003, al que ha tenido acceso El Confidencial, entre el consejero de Empleo José Antonio Viera y el alcalde de Coria del Río, José Vicente Franco, se concedía una ayuda económica de 72.121 euros “para la confección del estudio de viabilidad del desarrollo de la actividad productiva y el empleo” en esta localidad. El argumento se basa en el “importante crecimiento de población y de actividad productiva” de Coria del Río.

El otro documento, fechado apenas un día después, recoge un convenio de colaboración suscrito por Francisco Javier Guerrero y el director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Francisco Mencía Morales, en el que se encomienda a Mencía la gestión del otorgamiento de ayuda al Consistorio de Coria del Río.

La Dirección General de Trabajo y Seguridad Social que capitaneaba Guerrero incluía entre sus actuaciones el impulso de los planes de viabilidad empresarial que conllevaban la solución de crisis con pérdida de puestos de trabajo, “así como aquellos proyectos que generen empleo y refuercen el tejido industrial”, según el protocolo firmado entre la Junta y este ayuntamiento sevillano.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, destaca que en 2003 el entonces consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta y actual secretario provincial del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, y el alcalde de Coria del Río (Sevilla), José Vicente Franco Palencia, demuestra que los convenios firmados por el director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería, Francisco Javier Guerrero, para pagar ayudas con cargo a la partida 31L, “eran mandatos de Viera”.

Sanz anuncia que pondrá este protocolo de colaboración a disposición de la juez Mercedes Alaya, que instruye en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el caso de las falsas prejubilaciones de la Junta de Andalucía. A su juicio esta denuncia supone un nuevo salto en esta investigación y un “cambio radical en la responsabilidad política” del caso de los ERE, pues “es directamente Viera quien inicia el trámite del fondo de reptiles”.

Como ya publicó El Confidencial el pasado 5 de octubre, Alaya señaló a Viera como culpable de una trama de ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla y de Chiclana de la Frontera y la pedanía jerezana de La Barca de la Florida, en la provincia de Cádiz. Se trata de los 21 expedientes recogidos en el acta del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), fechado el 30 de enero de 2004 y firmado por Viera cuando era presidente del IFA, actual Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería de Trabajo.