Que durante varios años el Ayuntamiento de Marbella fue un juguete en manos de unos pocos es algo que ya no sorprende. Pero escuchar de boca de unos de los principales responsables cómo se manipuló la institución local demuestra la desfachatez con la que se actuó en uno de los periodos más negros de la política municipal de este país.

A esto es a lo que se dedicó ayer Juan Antonio Roca durante las casi cuatro horas que duró la sesión del juicio por el ‘caso Malaya’. El principal imputado en la trama de corrupción habló de reuniones nocturnas, de presiones entre concejales, de partidos políticos que surgían de la nada, de cargos públicos que solo miraban por sus intereses… Pero sobre todo detalló el sistema de reparto de sobres con dinero que se realizaba entre los concejales que conformaban el tripartito de Marbella que derrocó a Julián Muñoz en 2003. La otra novedad de la jornada fue que Roca dijo que las iniciales ‘J.M.’ de sus anotaciones no corresponden a Julián Muñoz, como mantiene la investigación policial. Eso sí, el que fuera responsable urbanístico de la ciudad admite los sobornos a concejales – él habla de «gratificaciones»- pero con matices. En primer lugar, asegura que todos los pagos los realizó «por orden de Jesús Gil», responsabilizando al exalcalde ya fallecido.

Pacto de gobierno

En segundo lugar, Roca insiste en que estas gratificaciones no buscaban ningún favor municipal o resolución administrativa de los concejales, como podía ser la aprobación de licencias urbanísticas, como sostiene el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

Entonces, ¿qué motivos tenía Roca para pagar a los concejales? «Mantener la cohesión del equipo de gobierno; era una especie de pacto antitransfuguismo», dijo ayer el acusado. Según Roca, Jesús Gil temía que algunos de los miembros del tripartito, especialmente Carlos Fernández (entonces edil del PA), pudieran abandonar el pacto de gobierno, por lo que se perdería la mayoría absoluta de 14 concejales que hizo la moción de censura contra Julián Muñoz. «Carlos Fernández era difícil de controlar, estaba socavando la autoridad de Marisol Yagüe y Gil me pidió que le echara una mano a la alcaldesa», declaró el considerado cerebro de la trama.

Roca por lo tanto sostiene que las «gratificaciones» no tenían como objetivo que los cargos públicos cometieran alguna irregularidad (cohecho propio o grave), sino simplemente mantener el gobierno, lo que implica un tipo de cohecho (impropio), que tendría penas menores, computables por multas. También se pudo escuchar en el juicio cómo se repartía el dinero entre los miembros del equipo de gobierno. Roca relató que Jesús Gil había llegado a un acuerdo con Carlos Fernández para realizar estos repartos según el cargo del receptor. En la contabilidad privada de Roca intervenida por la policía se refleja por ejemplo un pago de 84.000 euros a la alcaldesa, Marisol Yagüe. La mitad recibían los portavoces de los grupos (42.000 euros para Carlos Fernández e Isabel García Marcos) y después cobraban los tenientes de alcalde (18.000 euros) y los concejales rasos (6.000 euros).

Reparto proporcionado

«Si por ejemplo yo decidía repartir 100.000 euros, se hacía en esta proporción», dijo Roca, que mantiene que los pagos no tenían una cantidad fija ni una periodicidad determinada. Los receptores de los sobres siempre eran los líderes de cada grupo (Yagüe, García Marcos y Carlos Fernández). «Mi relación con algunos de los concejales no era buena», argumentó Roca, que aseguró que él entregaba el dinero a los portavoces con las cantidades ya repartidas individualmente.

Roca siempre ha mantenido que el dinero que entregaba al tripartito procedía de sus negocios y que pensaba que era un pago «que yo adelantaba y que Jesús Gil me iba a devolver». «Evidentemente, cuando muere Gil me doy cuenta de que no me va a devolver nada», afirmó el imputado.

Roca además defendió la creación del tripartito y sus políticas urbanísticas. «En el protocolo que se acordó en la víspera de la moción de censura, el punto de partida era restablecer la relación con la Junta de Andalucía, conseguir un nuevo plan general y romper con la política urbanística que se había llevado hasta ese momento», declaró.

El principal imputado en ‘Malaya’ seguirá declarando el próximo lunes. Tras su intervención y la de los abogados, se espera con interés el testimonio de los concejales a los que Roca ha señalado directamente en el juicio.