La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) permitió entre 2006 y 2007 la entrega de armas procedentes de Tucson (Arizona) a los cárteles mexicanos con la finalidad de descubrir sus entresijos, en una operación bautizada como ‘Receptor Abierto’, según ha revelado el diario ‘Los Angeles Times’.

Los documentos entregados por el Departamento de Justicia al Congreso para que investigue este caso acreditan que una “red de testaferros” adquirió las armas para “dejarlas caminar a través de la frontera” común. Si bien, estos papeles revelan el fracaso de la operación, puesto que las armas “se perdieron en México”.

Este fracaso se menciona también en un correo electrónico enviado en octubre del año pasado por el subprocurador de la División Criminal, Jason Weinstein, al jefe del Departamento de Crimen Organizado y Pandillas, James Trusty, en el que propone depurar responsabilidades, al tiempo que reconoce que “es un asunto delicado, dado el número de armas que han cruzado” la frontera.

“No va a haber una gran sorpresa por el hecho de que armas estadounidenses estén siendo utilizadas en México, así que no estoy muy seguro de que recibamos quejas por la estrategia de ‘dejarlas caminar'”, respondió Trusty, manifestando así su intención de obviar el asunto.

Al margen de Weinstein y Trusty, el diario apunta que altos cargos del Departamento de Justicia conocían la operación e incluso habían manifestado su temor por la posibilidad de que sus efectos se solaparan con los de ‘Rápido y Furioso’, llevada a cabo en 2009 con el mismo objetivo.

Esta operación, dirigida también por la ATF, es uno de los puntos de fricción entre México y Estados Unidos, que desde hace años cooperan junto a otros países de la región para frenar el auge del crimen organizado. El presidente mexicano, Felipe Calderón, ha llegado a referirse a ‘Rápido y Furioso’ como un “error garrafal”.