El ex presidente del FC Barcelona y constructor José Luis Núñez y su hijo, condenados hoy a seis años por el caso Hacienda, sobornaron con donaciones valoradas en un millón de euros a los exinspectores Manuel Abella y Roger Bergua, lo que les permitió dejar de declarar más de 13 millones de euros.

Según la sentencia, Jose Luis Núñez Clemente, situado en la cúspide del grupo Núñez y Navarro, y su hijo José Luis Núñez Navarro, junto con su mano derecha en gestión de impuestos, Salvador Sánchez Guiu, -también condenado a seis años-, desarrollaron “una compleja práctica ilícita” basada en “artificios fiscales” y en sobornos para eludir el coste fiscal de los beneficios que obtenía el grupo constructor.

Para evitar ser descubiertos por Hacienda, se ganaron la voluntad de Abella y Bergua, a los que proporcionaron viviendas a precio muy por debajo de su valor de mercado y les facilitaron “onerosa y graciosamente” las gestiones de adquisición, hipoteca, pagos de impuestos que estas compras comportaban, así como dinero en efectivo para hacer frente al pago de la hipoteca.

En concreto, según la sentencia, los Núñez, junto con Sánchez Guiu, vendieron a precio muy por debajo de mercado un dúplex de lujo del grupo en la calle Balmes, una de las más caras de Barcelona, del que era arrendatario el inspector jefe de Hacienda en Barcelona, Manuel Abella.

Además, le ingresaron 91 millones de pesetas (546.900 euros) en sus cuentas bancarias, entre 1991 y 1999, le pagaron las obras de reforma del dúplex y facilitaron que el director general adjunto de Caixa Cataluña le concediera una hipoteca en condiciones altamente beneficiosas.

En total, según la Audiencia, el soborno obtenido por Abella ascendió a 114 millones de pesetas (685.200 euros), ya que, además de los 546.900 euros en efectivo, la diferencia del valor de tasación y el precio pagado por el dúplex (dos pisos de 150 metros cada uno) se sitúa en 22,5 millones de pesetas.

Por su parte, el exinspector regional adjunto de Hacienda en Barcelona, Roger Bergua, -que tenía que supervisar la labor de Abella- obtuvo de Núñez dádivas valoradas en 63 millones de pesetas (378.600 euros), ya que entre 1992 y 1998 le entregaron en metálico 20 millones de pesetas y también le vendieron a precio por debajo de mercado su vivienda en una de las mejores zonas de la ciudad, en Tres Torres-Bonanova, y un garaje, con los que obtuvo una diferencia favorable de 43 millones de pesetas.

Al sobornar con casi un millón de euros a Abella y Bergua, el grupo Núñez y Navarro logró dejar de declarar aproximadamente 2.182 millones de pesetas (13,1 millones de euros) entre 1991 y 1999.

Según la sentencia, los “artificios fiscales” que el grupo Núñez y Navarro quiso evitar que fueran objeto de inspección fiscal consistían en “operaciones intragrupo”, especialmente a través de la la compraventa cruzada de inmuebles entre las muchas sociedades en las que está desagregada la empresa familiar, para así desplazar las plusvalías.

“En realidad -señala el fallo-, ninguna de estas operaciones tenía una finalidad propiamente comercial, económica o financiera dentro del Grupo, sino que respondían exclusivamente a la voluntad de sus responsables de reducir de forma importantísima la carga impositiva o tributaria que debía soportar el Grupo por el desarrollo de su actividad”.

La sentencia señala que se desconoce al “autor ideológico” de estos “artificios fiscales”, si bien subraya que “a buen seguro” se hallaría “orbitado en el organigrama funcionarial de la Administración Tributaria”.

A cambio del beneficio económico, Abella debía “omitir intencionadamente” en las inspecciones al Grupo Núñez y Navarro cualquier indicio de riesgo fiscal que detectase, sin efectuar ninguna investigación de las operaciones realizadas y calificando como debidamente tributadas, sin cuestionarlas, las operaciones enmarcadas en esta estrategia de “artificio fiscal”.

Por su parte, Bergua, que había actuado previamente en inspecciones al grupo Núñez y Navarro, tenía que evitar obstaculizar la actividad de Abella, sin entrometerse en sus funciones ni revisar las actas de conformidad sobre la actuación del grupo.

Además, Abella blindó las inspecciones al grupo para evitar que ningún otro inspector se inmiscuyera o tratara de interferir.

Para lograr sus fines, aparentaba desarrollar una actividad inspectora, mediante la creación de un expediente tributario ficticio, en el que se incluían diligencias y actas en las que nunca se investigó ninguna operación y donde hacía figurar que se habían comprobado elementos fiscalmente relevantes, cuando no era así.

Según la sentencia, el exjefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña, Josep Maria Huguet, -condenado a trece años de cárcel por este caso-, dictaba la liquidación de las propuestas contenidas en las actas presentadas por Abella y supervisadas por Bergua, sin efectuar ninguna rectificación o modificación, pese a tener conocimiento de las irregularidades en las actas de inspección.