La ministra de Economía ofrece financiar la mitad de la deuda de las comunidades autónomas
La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado y el vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha tenido lugar esta tarde en el Ministerio de Economía, en Madrid.
Las comunidades autónomas se comprometieron hoy por unanimidad a plantear ante sus respectivos parlamentos regionales, en un plazo máximo de seis meses, la aprobación de una regla de gasto “coherente” con la ya aprobada para el Estado y las entidades locales.
La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado, calificó como “útil y completo” el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de hoy en el que se adoptó este acuerdo, tras cuatro horas de reunión con los consejeros de Economía de las comunidades autónomas.
El contenido de la regla autonómica de gasto será definido por un grupo de trabajo que se reunirá el próximo mes de septiembre con el fin de dotar de homogeneidad a dicha norma, pero ya ha quedado claro que tendrá que tener en cuenta el crecimiento del PIB de años anteriores y la estimación para los ejercicios futuros a nivel estatal.
En el caso de la aprobada por el Gobierno, el gasto público no debe crecer por encima del crecimiento medio del PIB expresado en términos nominales durante nueve años: los cinco anteriores, el año en curso y la previsión de crecimiento de los tres años siguientes.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) financiará la mitad de la deuda de las comunidades autónomas correspondiente a la liquidación de las cuentas de 2008 y 2009, que asciende conjuntamente a unos 24.000 millones de euros, informó hoy la consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo.
En un receso del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la consejera castellano-leonesa dijo que las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han abstenido en la votación sobre la regla de gasto presentada por el Gobierno por ser una propuesta “totalmente distinta” y genérica.
Del Olmo, portavoz hoy de estas comunidades, informó de que esa abstención se debe también a que a día de hoy no conocen las transferencias que el Gobierno destinará para la financiación de las autonomías en los Presupuestos Generales de 2012. La consejera señaló que el Gobierno no contempla el aplazamiento a diez años de lo que deben las autonomías por la liquidación negativa de 2008 y 2009, que asciende conjuntamente a casi 24.000 millones de euros.
MURCIA RENUNCIARÁ A LAS COMPETENCIAS DE SANIDAD Y EDUCACIÓN SI NO RECIBE MÁS FINANCIACIÓN DEL ESTADO
Por otra parte, el presidente del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado este miércoles que el propósito del Ejecutivo murciano es seguir haciéndose cargo de la política sanitaria y educativa, pero ha advertido de que si la Comunidad no recibe la financiación suficiente no dudará en renunciar a dichas competencias, como ya ha ocurrido recientemente con las de Justicia.
“Si al final del trayecto resulta que no podemos mantenerlo, no les quepa duda” que se tomará la decisión, ha dicho, durante su paso por los Cursos de Verano de El Escorial, organizados por la Universidad Complutense, en los que ha intervenido en el seminario sobre “Bases para un nuevo rumbo de España’.
De esta forma, el dirigente murciano ha insistido en que “antes de llegar a la quiebra” o dejar a nadie “sin servicios”, las competencias serán traspasadas al Estado sin ningún tipo de miramiento, aunque, en este sentido, ha afirmado que su “deseo ferviente” es que tales circunstancias “nunca lleguen a producirse”. “Si no hay financiación”, que se “haga cargo” el Estado, ha remarcado.
El apoyo de la Comunidad Valenciana
Por su parte, el consejero de Industria, Economía y Comercio de la Comunidad Valenciana, Enrique Verdeguer, ha reconocido este viernes antes de participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid que ve “de sentido común” la idea del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, de devolver competencias al Estado si no recibe financiación suficiente para ellas y ha censurado la “tendencia” que existe a “demonizar” a las comunidades autónomas como responsables del déficit de España.
