En el PP valenciano comienza a percibirse una fuerte irritación por la actitud de Francisco Camps, que sigue sin aparecer en público, como ya le ocurrió cuando se inició la instrucción del caso de los trajes. Desde el entorno de Rita Barberá se manifestaba ayer un cierto cansancio por el caso. “Camps debe tomar una decisión lo antes posible”, señalaba un miembro del equipo de la alcaldesa, que añadía que “está perjudicando al PP valenciano y al propio Mariano Rajoy”.

En la misma línea se manifestaban fuentes próximas al presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, quien puede jugar un papel clave si se abriera un proceso de sustitución de Francisco Camps. El secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, afirmó también que “Camps no va a dimitir”. Todo ello mientras la dirección del PP en Madrid seguía optando por guardar silencio.

No quiere sentarse en el banquillo

Francisco Camps no quiere sentarse en el banquillo de los acusados y sufrir el calvario de un juicio con jurado. Para este fin, los servicios jurídicos del presidente valenciano estudian la posibilidad de que pueda acogerse a la figura jurídica de “conformidad”, es decir, que reconozca la culpa por el delito de cohecho impropio al haber aceptado presuntamente trajes de la trama corrupta Gürtel y evitar así ser juzgado. En este caso, la condena sería “la pena más grave solicitada”, que es la multa pedida por el ministerio fiscal de 41.250 euros.

Juristas consultados subrayaban que la pena solicitada por el PSOE –tres años de prisión y ocho de inhabilitación– no sería objeto de la conformidad, ya que se pedía por un delito más grave, como es el de cohecho propio. Y el instructor apuntaba en los indicios racionales observados objeto de ser juzgados sólo al cohecho impropio. Ahora bien, estas mismas fuentes advertían que, una vez iniciado el juicio, el magistrado de sala puede incluir el auto de la acusación popular en el auto de hechos justiciables, con lo que podría ampliarse al cohecho propio la conducta enjuiciable, con lo que el presidente correría más riesgos en el terreno penal.

La posibilidad de pagar la multa, que podría hacerse en cualquier momento antes del juicio, no está exenta de problemas. Los cuatro imputados –además de Camps, el ex vicepresidente valenciano Víctor Campos, el ex alto cargo Rafael Betoret y el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa– deben acogerse a la “conformidad”. Es decir, todos deben asumir la culpa. No tienen que hacerlo al mismo momento, y ni siquiera deben hacerlo ante el juez: sino por escrito al secretario judicial.

Desde el entorno de presidencia se reconocía ayer la oposición de Costa a esta medida, ya que el ex número dos del partido y diputado en las Cortes Valencianas es quien tiene más posibilidades de ser absuelto en juicio. Ricardo Costa no era cargo público cuando presuntamente le hicieron los regalos, sino dirigente del PP. Además, el diputado no desea tener antecedentes penales que podrían jugar en su contra si también llegan a imputarlo en la instrucción por financiación ilegal del PP valenciano.

En el campo político el problema podría ser muy grave si se acepta la condena, ya que supondría que el presidente reconoce ser autor de un delito de corrupción, de haber aceptado regalos de una red corrupta, de no haber pagado sus trajes y de haber mentido durante los dos últimos dos años. Su credibilidad quedaría por los suelos. A pesar de esto, un destacado miembro de su gabinete insistía ayer en que “sólo hay dos opciones, o pagar o dimitir, y lo que hará el presidente será pagar, porque no va a dimitir y no queremos que llegue a juicio”.