El president de la Generalitat, Francisco Camps, será juzgado por un delito de cohecho impropio ante un tribunal popular, junto a otros exaltos cargos del Gobierno autonómico y exdirigentes del PPCV, por haber recibido supuestamente regalos de la trama ‘Gürtel’. Así lo ha decidido el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana José Flors, instructor del proceso conocido como ‘causa de los trajes’, quien ha decretado la apertura de juicio oral al apreciar indicios de que la red corrupta supuestamente pagó unas prendas de vestir adquiridas por el president y el resto de imputados.

La resolución de Flors, que no es recurrible, se conoce tres días después de que se celebrara la vista previa para resolver si procedía la apertura de juicio oral, en la que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, ejercida por el PSPV, pidieron que Camps fuera juzgado, y la defensa pidió el archivo.

Junto a Camps, serán juzgados el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, el exsecretario general del PPCV y actual miembro de la dirección del grupo popular en Les Corts Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, según dicta la resolución, contra la que no cabe recurso.

Dos años y cinco meses de investigación judicial

La decisión judicial de abrir juicio oral contra el president de la Generalitat, Francisco Camps, se produce dos años y cinco meses después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón iniciara la investigación por una supuesta trama de corrupción en el denominado caso Gürtel.
Fue el 6 de febrero de 2009 cuando dos funcionarios de Justicia se personaron en la Consellería de Turismo para reclamar el expediente del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur, adjudicado a Orange Market, cuyo responsable en Valencia, Álvaro Pérez, fue detenido tres días después por su presunta implicación en la red de corrupción.

No obstante, fue el 19 de febrero cuando dos periódicos publicaron que la Fiscalía Anticorrupción implicaba al president en la trama de corrupción, debido a una frase de una imputada que aludía al pago de 30.000 euros en trajes para él, algo que Camps desmintió en una comparecencia de urgencia junto a todo su Gobierno.

Menos de un mes después, el 5 de marzo, Garzón envió la rama valenciana del caso Gürtel al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ante la existencia de indicios contra Camps y contra el entonces secretario del PPCV, Ricardo Costa, el exvicepresidente del Consell Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

El 21 de abril el TSJCV se declaró competente para asumir las investigaciones en los hechos que afectaban a Camps -a quien Garzón acusaba de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por Orange Market a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad- y a los otros tres dirigentes valencianos.

Declaraciones

Uno de los hitos de ese año 2009 fue la declaración como imputado, el 20 de mayo, de Camps ante el TSJCV, que en agosto ordenó el sobreseimiento libre de la causa abierta contra los cuatro imputados por un supuesto delito de cohecho, un archivo que la Fiscalía y el PSPV-PSOE recurrieron ante el Supremo en septiembre.

En octubre, el levantamiento parcial del secreto de sumario reveló detalles de los estrechos vínculos que los principales miembros de la trama corrupta mantenían con dirigentes del PP y arrojó sospechas sobre la financiación del partido. Un mes después, el PSPV presentó una querella contra la dirección del PPCV y cuatro constructoras por varios delitos, que el TSJCV rechazó asumir en febrero de 2010 para evitar duplicidades, pese a ver indicios de delito.

En abril, el Tribunal Supremo admitió los recursos contra el archivo del caso en Valencia, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptó la personación del PSPV-PSOE como acusación popular. El 12 de mayo, el Supremo ordenó al TSJCV reabrir la parte valenciana del caso, al interpretar que para que haya cohecho pasivo impropio basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración del cargo.

En enero de 2011, el magistrado del TSCJV José Flors dictó una providencia para que las partes personadas en la investigación de un posible delito de cohecho pasivo impropio por el president presentaran sus conclusiones, paso previo para abrir juicio oral o archivar la causa. La Fiscalía Anticorrupción pidió 41.250 euros de multa a Camps por un delito de cohecho, mientras la acusación particular, ejercida por el PSPV, elevó la petición a tres años de cárcel y ocho de inhabilitación, además de una multa de 46.000 euros, y la defensa pidió el sobreseimiento de la causa.
Continúa la investigación

En abril, Anticorrupción consideró que el TSJCV era competente para investigar una supuesta trama de financiación irregular del PPCV relacionada con la red ‘Gürtel’, que se debería unir a la causa por cohecho impropio que afecta a miembros del Gobierno autonómico.

En mayo, el TSJCV asumió investigar un posible delito electoral del PPCV en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y de falsedad documental en las generales de 2008, y si la Generalitat prevaricó y cometió cohecho en contratos con Orange Market.

Un mes después, el TSJCV rechazó la inclusión de Camps en la causa por supuesta financiación ilegal del PP, y confirmó la implicación del exvicepresidente Vicente Rambla y de la expresidenta de Les Corts Milagrosa Martínez.

El 5 de julio, el TSJCV rechazó acumular las causas de los trajes y la financiación del PPCV, y el 12 de julio se celebró la vista previa para resolver si procedía la apertura de juicio oral, en la que las partes mantuvieron sus peticiones.

Barberá: «Los mismos que quieren sacar a Camps dejan entrar a Bildu en política»

La noticia de que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, será juzgado era “por desgracia” la opción más previsible en la sede nacional del Partido Popular, cuya dirección respetará el procedimiento judicial que se abra a partir de ahora sin plantearse consecuencias políticas. Fuentes de la cúpula del PP han indicado que por ahora no tienen intención de buscar dimisiones o ceses. La idea es respetar el procedimiento y aguardar la celebración del juicio oral, por tribunal popular, al presidente valenciano.

Una imagen que, recuerdan las fuentes, no es “nada agradable”, y más si dicho juicio, previsto para el mes de noviembre en principio, coincide con la campaña electoral que por las mismas fechas podría desarrollarse, siempre que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anticipe la convocatoria de los comicios.

Que al presidente valenciano le iban a abrir juicio oral por los trajes que supuestamente le regalaron los cabecillas de la trama Gürtel era la opción previsible en la dirección nacional del PP, cuyas fuentes recuerdan que Camps todavía no es culpable de nada. Lo que toca ahora en Génova es esperar a que se concrete la fecha del juicio y ver cómo éste evoluciona, puntualizan las mismas fuentes. Argumentan que si antes no se han producido “decisiones políticas”, ahora tampoco caben.

En la dirección nacional, por consiguiente, aunque molestos, el plan consiste en mantener la paciencia y en confiar en que Camps sea absuelto. El disgusto es también la sensación de algunos parlamentarios ante lo que consideraban el desenlace más probable, el de la apertura de juicio oral al presidente valenciano. La mayoría de los parlamentarios consultados opina que si hasta la fecha no ha habido cambios en la cúpula del PP regional, no tendría sentido impulsarlos ahora. No obstante, algunos reconocen que “alguna decisión drástica” tendría que haber tomado Madrid para evitar que el caso Gürtel, en sus ramificaciones valencianas, “afee” la campaña electoral de Mariano Rajoy.

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia: “Los mismos profesionales que quieren sacar al presidente de la Generalitat, a fuerza de banquillo, son los que han dejado entrar en la política a Bildu. La cúpula de Interior mantiene una connivencia con la banda terrorista que se demuestra en ese ejemplo de derecho comparado con el caso de Camps que me mantiene perpleja. Mientras tanto, el fiscal general del Estado ha lanzado una circular que podría exonerar a los implicados en el caso Faisán. Camps cuenta con todo mi apoyo personal e incondicional, así como con mi admiración política, para que no dimita del cargo”.

Lola Johnson, portavoz del Gobierno valenciano: “Francisco Camps puede presidir una comunidad autónoma aún sentado en el banquillo cuando mayoritariamene los ciudadanos respaldan un proyecto. El Ejecutivo regional no comparte el auto del juez instructor. Ni lo comparte este gobierno ni los valencianos que en las pasadas elecciones dieron su apoyo a un proyecto de Comunidad Valenciana que está en marcha desde el primer momento. No hay ninguna variación política y el Consell continuará trabajando con total e incondicional apoyo al ‘president’.

Carlos Fabra, presidente provincial del Partido Popular en Castellón: “Francisco Camps, sigue teniendo toda” mi confianza y la apertura de juicio oral por cohecho impropio no implica absolutamente nada”.

José Blanco, portavoz del Gobierno: “El Gobierno no opina sobre el auto judicial que sienta en el banquillo al presidente valenciano Francisco Camps por respeto y porque lo relevante es lo que pueda opinar el señor Rajoy y no el Ejecutivo.El Gobierno siempre respeta las decisiones judiciales, todas las decisiones judiciales y tiene por costumbre no comentarlas. Y en este caso hacemos lo mismo. Si me permiten el tono distendido, lo que yo pueda opinar es irrelevante; lo relevante es lo que pueda opinar el señor Rajoy”.

José Bono, presidente del Congreso de los Diputados: “Francisco Camps tiene derecho a la presunción de inocencia, a lo que no tiene derecho ya es a que se le presuponga que ha actuado con inteligencia en este asunto, que ha convertido en un serial”.

Jorge Alarte,secretario general del PSPV: “Exijo a Mariano Rajoy, que asuma su responsabilidad política y pida al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que “presente su renuncia. Solicito la convocatoria de un pleno urgente de las Corts para que Camps explique cómo va a afrontar esta situación y anuncie su renuncia”.

Tomás Gómez, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid: “Este señor tiene que irse a su casa, dimitir de su responsabilidad y pone de manifiesto que no eran tres trajes, sino que hay algo mucho más grave detrás que afecta a Madrid y a Valencia, que es la mayor trama de corrupción que haya habido nunca en nuestro país, que es la trama Gürtel. Este señor, automáticamente a su casa”.

Antonio Hernando, secretario de Política Municipal del PSOE: “Exigimos al presidente del PP, Mariano Rajoy, que aclare si sigue apoyando a Camps y le pedimos que lo sustituya lo antes posible. Llegado a este punto, debe aclarar si cree conveniente que siga siendo presidente de los valencianos, teniendo en cuenta que esta causa es sólo el principio del calvario judicial que espera a Camps”.

El PP no va a presionar a Camps para que dimita

El Partido Popular, la dirección nacional de la formación política, guarda silencio sobre la apertura de juicio oral. No hará ni comunicados ni declaraciones. La dirección de Génova tiene claro que esa tarea corresponde al abogado del presidente Camps y a los dirigentes del PP en Valencia.

Fuentes populares han señalado a la Cadena Cope que ahora “toca aguantar el tirón” y que no van a presionar a Camps para que dimita.

Lo que si esperan en la calle Génova es una sentencia absolutoria y aunque se temen que el juicio comience en plena precampaña electoral consideran que el caso “ha dado ya todo lo que tenía que dar”, los ciudadanos incluso han acudido a las urnas y han seguido apoyando a Camps por lo que no esperan que se castigue al PP nacional.

Este caso insisten los populares no es comparable con el Caso Faisán, en el que está implicada la cúpula policial de Rubalcaba y Camacho y no dimite nadie.