La división de poderes que preconizó Montesquieu se ha convertido en algo más en el caso del fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) sufragados por la Junta de Andalucía. La administración autonómica y la magistrada que instruye las diligencias previas, la titular del Juzgado número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, mantienen un pulso que va más allá de lo judicial. Junta y jueza se han enredado en una pugna sin precedentes sobre si la segunda es competente o no para acceder y examinar una a una las 480 actas de los consejos de Gobierno desde 2001 hasta ahora. La Junta dice que no porque tienen carácter reservado y la magistrada defiende que sí.

Alaya acaba de elevar el asunto al Tribunal Supremo, tal como le pidió la Junta, ya que es el alto tribunal el que debe dirimir sobre un conflicto de jurisdicción entre instituciones. Alaya ha retrasado tres meses que el asunto llegara al Supremo hasta esperar que la Audiencia Provincial de Sevilla se pronunciara sobre varios recursos de las partes. La Audiencia ha dictaminado de forma salomónica, de manera que en un caso ha deliberado que la actas no son secretas y que la magistrada tiene justificado su acceso a ellas; y por otro ha fallado a favor de la Junta y contra la decisión de la jueza de ordenar el depósito de las actas en sede judicial para que no fueran manipuladas.

Puede decirse que Junta y jueza llegan al Supremo empatados, pero sin firmar la paz como deja a las claras la magistrada en su auto del pasado día 6. Es el último de una serie de escritos sobre la instrucción del caso en el que la magistrada escribe duros reproches a la Junta, la mayoría poniendo en duda su voluntad de colaboración y transparencia con la Justicia. También la administración andaluza, a través de sus letrados, ha hecho llegar a la magistrada sus quejas sobre su modo de instruir el sumario.

Cómo arranca la disputa

La disputa arranca del objetivo de la magistrada de averiguar si los consejeros de los gobiernos socialistas de la última década, entre ellos el actual presidente de la Junta, supieron de las irregularidades y reparos denunciados por la Intervención General de Hacienda sobre el procedimiento para pagar las prejubilaciones y subvenciones a empresas en crisis. La instructora se agarra a que la figura administrativa para ejecutar dicho pago por el IFA, luego IDEA, es opaca y no cuenta con controles ni publicidad, lo que pudo permitir el fraude en los ERE, en los que una trama incluyó hasta 72 intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas y cobraron prejubilaciones), varios de ellos militantes del PSOE, familiares o amigos de los presuntos cabecillas, entre ellos el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero.

La Junta sostiene que la supuesta trama se para aquí, aunque la jueza también ha anunciado la imputación del ex consejero de Empleo, Antonio Fernández. Sobre todo, defiende que ninguno de los consejeros de Hacienda, tampoco Griñán, supieron de los avisos de la Intervención porque estos nunca fueron de actuación, es decir, con alarma incorporada por menoscabo de fondos públicos. Además entiende que el uso de un procedimiento u otro no constituye ningún delito, y que cuando se advierte de su mal funcionamiento suele modificarse, como así se hizo. La portavoz del Gobierno, Mar Moreno, insiste una y otra vez en que la primera estafada es la Junta y, por tanto, es la primera interesada en «sentar en el banquillo» a los culpables.

Alaya sí entiende que los avisos hablaron de menoscabo de fondos, ya que denunciaron hasta déficit de 39 millones de euros, y considera tales hechos de «extraordinaria gravedad por su contenido y por su permanencia en el tiempo». Por ello, quiere acceder a las actas, para averiguar si algún miembro del Gobierno supo u ordenó algo respecto a la fórmula de pago de los ERE, ya que, en este caso, estaría cometiendo «una actuación delictiva grave» por acción u omisión, al no llegar a parar el procedimiento.

Primeros reproches

Alaya ha pedido desde el comienzo una cantidad ingente de documentos a la Junta, que esta ha ido enviando, al tiempo que también le remitió la investigación interna que se saldó con 72 intrusos y otro centenar de irregularidades en 68 ERE. Todo hacía prever una relación fluida entre Junta y el Juzgado 6, máxime cuando este admitió a la administración autonómica como acusación popular. Hasta que un auto del 11 de marzo reveló el primer gesto de desconfianza de la magistrada, que reprocha a la Junta el envío de documentación «a todas luces incompleta e insuficiente».

Este reproche se endurece en el siguiente auto del 21 de marzo, en el que la magistrada acusa abiertamente a la Junta de «falta de colaboración» al no haberle remitido papeles que le había reclamado. Una acusación en paralelo a continuas declaraciones de los miembros del Gobierno en la prensa presumiendo de colaboración con la Justicia y de haber sido la Junta la primera en denunciar el caso.

El auto del día 21 y otro posterior del día 30 de marzo fueron el detonante de la guerra abierta. Alaya exigió el envío de todas las actas de los consejos de Gobierno desde 2001 hasta estos días. Es decir, puso bajo la lupa de la sospecha todas las decisiones de los gobiernos socialistas de una década. La Junta se negó, alegando que las actas tienen carácter reservado e instando a la jueza que le diga qué acuerdos concretos de los consejos referidos al caso desea que le mande. La magistrada respondió con otro auto reclamando de nuevo las actas y acusando al Ejecutivo de intentar retrasar la investigación. «No es legítimo por constituir un abuso de derecho que la Junta se persone como perjudicada y de otro lado pretenda ocultar, o al menos aparentar que lo hace, datos que pueden ser relevantes para la investigación», escribió.

La Junta le recrimina

En este escrito del día 30, la jueza manifiesta que se ha enterado por la prensa de la negativa a remitirle las actas. Manifestación que le servirá al letrado de la Junta para recriminar a la jueza de que no es «jurídicamente admisible» reiterar un auto por lo que dicen los medios de comunicación. También le acusa de ser «muy selectiva» a la hora de leer la prensa, ya que en ella también se recogía la petición de inhibición de la magistrada y esta no hizo alusión a la misma. La Junta tacha la petición de Alaya de «indiscriminada».

La respuesta de la magistrada fue otro revés al Ejecutivo de Griñán, el del famoso auto del 4 de abril, ordenando a la Junta que depositase copia compulsada de las actas en los juzgados como medida cautelar ante su sospecha de que pudieran «alterarse u ocultarse partes relevantes» de los consejos de Gobierno. Se trataba de una acusación muy grave que la Junta digirió con un recurso a la Audiencia de Sevilla. Recurso que ganó.

Ahora será el Tribunal Supremo el que dictamine si la magistrada puede añadir a su abultado sumario los cientos de documentos de las actas. Lo que diga sentará jurisprudencia, ya que no hay antecedentes de un caso similar de enfrentamiento entre poderes. El fiscal del Supremo por lo pronto sostiene que las actas son secretas.