Una de cal y otra de arena. La Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado a la jueza que investiga el caso de las prejubilaciones falsas, Mercedes Alaya, que devuelva a la Junta de Andalucía las actas de los consejos de Gobierno depositadas en dependencias judiciales desde el pasado 7 de abril. La resolución significa el primer balón de oxígeno a la Junta en el proceloso caso de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos y su particular pugna sobre las formas con que la jueza instruye la investigación. En otro auto anterior, la Audiencia deliberó que las actas no son secretas y que la jueza puede acceder a ellas.

En el escrito conocido ayer y fechado el 5 de julio, la Audiencia deja sin efecto el auto de la magistrada Alaya del 4 de abril por el que reclamó al Gobierno andaluz que en un plazo de tres días le remitiese todas las actas lacradas para que fueran depositadas en el juzgado. Alaya argumentó la petición como una medida cautelar para evitar que «pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes» de los documentos hasta que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre el conflicto de jurisdicción de competencias planteado por la Junta.

Los magistrados de la Audiencia dan la razón a la Fiscalía y al letrado de la Junta en que la medida no «era necesaria ni proporcional al fin perseguido». También subraya que la jueza no detalla ni razona «en qué datos fácticos se apoya tal desconfianza, como corresponde en una resolución del calado de la impugnada, más si cabe si con ella se plantea la posibilidad de un actuar ilegal por parte de uno de los poderes del Estado», en alusión a que la Junta pudiera alterar su contenido.

La Junta planteó un oficio de inhibición a la jueza por un conflicto de competencias entre poderes cuando esta pidió examinar las actas de todos los consejos de Gobierno desde 2001 en un auto del 21 de marzo. En total, 480 documentos. La Junta argumentó que las actas tienen carácter reservado según la ley del Gobierno y planteó a la magistrada que especificara acuerdos concretos incluidos en ellas. Alaya quería investigar si los miembros de los gobiernos desde esa fecha supieron de las irregularidades denunciadas por la Intervención General de Hacienda sobre el procedimiento del pago de las prejubilaciones. Por ello, insistió en revisar todas las actas. Ante el conflicto de jurisdicción que debe resolver el Tribunal Supremo, Alaya decidió que las actas se custodiasen en los juzgados.

Tres supuestos

La Audiencia admite que la ley sobre este asunto establece que se pueden tomar medidas para evitar que se eluda la acción de la Justicia, que se cauce grave perjuicio al interés público o que se originen daños graves e irreparables. Si bien, cree que ninguno de los tres supuestos parece concurrir en la decisión de Alaya, a la que reprocha que basara sus razonamientos jurídicos en una «mera hipótesis» de que pudieran alterarse las actas.

Esta es la segunda vez que la Audiencia de Sevilla se pronuncia sobre el conflicto de las actas. Si en el de ahora da un respiro a la Junta, en el anterior, fechado el pasado 20 de junio, da la razón a la magistrada. En este otro deliberó que las actas no son secretas, rechazando el argumento de la Junta sobre la falta de motivación de la magistrada para examinarlas. Según la Audiencia, la diligencia está «justificada, no siendo arbitraria ni caprichosa». Los ponentes del primer y segundo auto de la Audiencia son los mismos cuatro magistrados.

Mientras tanto el Tribunal Supremo ya ha iniciado actuaciones sobre el conflicto jurisdiccional a instancias de la Junta, ya que la magistrada aún no ha remitido el caso al alto tribunal a la espera de las decisiones de la Audiencia.