Una juez sostiene que una niña evoluciona mejor viviendo junto a la madre borracha que la maltrata antes que con su padre
Otro caso más de disparate judicial en la Comunitat de Valencia. Una jueza de Alicante ha renunciado a imponer una orden de alejamiento a una madre que maltrató a su hija de 10 años para permitir que siga visitándola los domingos en el piso tutelado donde reside y no perjudicar así «la evolución» de la menor.
La sentencia se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que el 22 de octubre de 2009 dictaminó que la aplicación de esa pena complementaria es imperativa en los delitos de lesiones, pero no en un maltrato de obra del artículo 153.2 del Código Penal.
El fiscal solicitaba inicialmente para la mujer cuatro meses de prisión y un año de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima. No obstante, durante el juicio, modificó sus conclusiones iniciales y rebajó la petición de condena a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y un mes de alejamiento. El Ministerio Público también reconoció en su informe definitivo que el Supremo, «excepcionalmente», admite que no se imponga esta última medida.
La agresión se produjo el 2 de octubre de 2010 en la calle Pérez Medina de Alicante. María Florencia A. S., que se encontraba borracha, zarandeó, golpeó en la cabeza y tiró violentamente del pelo a su hija. Una vecina observó los malos tratos y ha sido la principal prueba de cargo para condenar los hechos. La Policía Nacional recibió después un aviso y dos agentes se encontraron al llegar a la niña con la cara «enrojecida» y a su madre «bastante agresiva».
La propia víctima admitió a los policías que su progenitora había bebido y le había pegado, aunque luego se retractara en la vista oral y alegara que tenía buena relación con ella y se había «puesto muy contenta de verla» ese día. La pequeña vive actualmente en un piso tutelado por la Administración tras pasar por un centro de recepción de menores, y ve a su madre todas los domingos de todas las semanas.
La titular del Juzgado de lo Penal 8 de Alicante, María Teresa Orquín, considera probado los malos tratos, pero opta por una pena mínima, 40 días de trabajos comunitarios, en aplicación de la circunstancia atenuante de embriaguez, pues había bebido y eso mermaba sus «facultades intelectivas y volitivas».
En cuanto a la orden de alejamiento, resuelve no acordarla después de escuchar la opinión de una trabajadora social del Ayuntamiento, para quien la separación entre ambas «sería un inconveniente para la evolución de la menor, ya que necesita el contacto con la madre».
La técnica aseguró que la María Florencia, de 54 años, estaba colaborando, su implicación «era muy positiva», estaba acudiendo a terapia contra el alcoholismo y «sería mejor que siguieran las visitas semanales». Además, una «ruptura brusca» de la relación entre ambas sería «muy perjudicial» para la niña.
En su sentencia, fechada el pasado 9 de junio, la magistrada María Teresa Orquín destaca también el «sentimiento materno-filial» mostrado por madre e hija durante el juicio.
vaya que tenemos material para una novela completa , una juez premia a un abusador de una menor de edad Britanica y condena al que la defendiò dentro de su propio piso , otro juez Valenciano condena a un mes multa a un hombre por un gas , ahora las palmas se las lleva ALICANTE.
mejor vivir con una borracha maltratadora FEMINAZI que con un padre amoroso
¿ que merde tienen los jueces en la cabeza ? ¿farlopa ? ¿ porros ?
Lo que tienen los jueces, aparte de una cobardía injustificable por su condición de autoridades que los deja a la altura de un guarda de seguridad, es la obediencia a las directrices gubernamentales de género que, no solamente han alienado la independencia del Poder Judicial, sino que hasta han instaurado la prevaricación institucional generalizada. Cuando se pronuncie el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no solamente no acatarán el Convenio, sino que ni siquiera se les caerá la cara de vergüenza porque la desconocen.
María Florencia… ¿Sudaca?
La culpa no es de la Juez sino de la ley y de las asociaciones subvencinadas por el ministerio de sanidad e igualdad para que extrangulen a todo juez que no cumpla con la ideología de genero.