La operación desarrollada por la Policía Nacional se ha saldado hasta el momento con doscientos imputados en la provincia.

Las administraciones han empezado a tomar cartas en el asunto en relación a la trama de títulos académicos falsificados destapada por la Policía Nacional en Málaga. De hecho, hay varios organismos que ya han abierto expedientes a algunos de los implicados. La investigación, que comenzó en febrero de 2008, se ha saldado por el momento con unos doscientos encartados -ochenta detenidos y el resto, imputados- en la provincia, los cuales presuntamente adquirieron diplomas falsos. Algunos de los acusados habrían accedido a empleos públicos o a trabajos cualificados en empresas utilizando estos títulos fraudulentos para optar al puesto -en el caso de que fuesen un requisito- o simplemente para engordar el currículum, según explicaron las fuentes consultadas.

La operación comenzó en 2008 a raíz de la detención del supuesto falsificador, un hombre de 60 años que residía en la capital y que habría estado al menos seis años ejerciendo esta actividad. En el registro de su domicilio, los agentes hallaron documentación que les permitió poner nombres y apellidos a unos 1.200 posibles clientes del arrestado. Tras identificar a los supuestos compradores de títulos, los investigadores averiguaron dónde trabajaban actualmente. En ese punto fue cuando salieron a la luz las instituciones y las empresas en las que habían conseguido entrar.

El caso ha salpicado a numerosas administraciones públicas. La Diputación Provincial, por ejemplo, recibió un requerimiento de la policía en el que se solicitaban datos de cuatro trabajadores que habían aparecido en la investigación policial. Los agentes pidieron información sobre la vida laboral de estas personas así como sobre la vía por la que accedieron a sus respectivos cargos. Finalmente, las actuaciones solo se han seguido contra tres de ellos, ya que el cuarto quedó exculpado tras declarar en comisaría.

Servicio de seguridad

Entre los casos investigados figura una persona que ocupó un puesto de responsabilidad en el servicio de seguridad de la Diputación. Fuentes del ente supramunicipal confirmaron que este trabajador fue apartado de su cargo al tener conocimiento de que el título que le dio acceso al mismo era, presuntamente, falso.

Paralelamente, la Diputación abrió expediente informativo tanto a este empleado como a los otros dos que han aparecido en las diligencias policiales, según explicaron las mismas fuentes. No obstante, esta vía ha quedado paralizada a la espera de la resolución que dicte el juez que instruye el caso.

El Servicio Andaluz de Salud tiene en su plantilla a varios trabajadores cuyos nombres aparecieron en la investigación. Fuentes de este organismo indicaron también que les ha llegado una solicitud de información de la policía sobre unas determinadas personas que podrían estar implicadas en la trama. Aunque desde el SAS rehusaron precisar el número de funcionarios investigados, este periódico ha podido averiguar que ronda la quincena. Entre ellos no hay médicos ni enfermeros; se trataría, en todo caso, de celadores y personal administrativo. La misma fuente añadió que, por ahora, no se les ha abierto expediente, ya que se ha preferido aguardar a la decisión que adopte el juez.

Oposiciones

Otro importante número de supuestos clientes del falsificador acabaron entrando o ascendiendo en distintos cuerpos policiales estatales y locales. Las fuentes consultadas estiman en casi medio centenar el volumen de casos investigados de agentes o aspirantes a funcionarios que fueron desenmascarados en el proceso de oposiciones.

De estos, una treintena pertenecerían a plantillas de Policía Local de la provincia. Por citar algunos ejemplos, se han dado casos en Casabermeja o en Fuengirola. En esta última, se detectó a un funcionario que había conseguido ascender y entrar en la escala de oficiales usando un título supuestamente fraudulento.

El procedimiento que se aplicó en este y en otros casos consistió en abrir dos expedientes, uno por el régimen disciplinario vinculado a la vía judicial y otro administrativo para revisar el nombramiento en el cargo del agente. Al funcionario se le dio un plazo de diez días para que presentara la titulación bajo sospecha y, tras ello, se consultó a la institución correspondiente -la Delegación de Educación o una universidad- si esa persona había cursado los estudios alegados.

Las dimensiones de la operación, adelantada por el periódico Sur el pasado fin de semana, han provocado que varios organismos -incluido algún Ayuntamiento- hayan contactado con la policía para comprobar si hay algún implicado dentro sus plantillas.