Joaquín Almunia y Elena Salgado.

Los embates de la crisis de la deuda proseguirán para los países que no han concluido sus deberes. El Fondo Monetario Internacional, el gobernador del Banco de España y el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, coincidieron en esta advertencia, dirigida a España y formulada en momentos en que los países europeos considerados ‘periféricos’ siguen con el alma en vilo ante la posibilidad de que Grecia tenga que declararse en suspensión de pagos y provoque un cataclismo en la zona euro.

El FMI pone el acento en la reforma laboral. España debe profundizar con valentía en los cambios que necesita el mercado de trabajo para volver a crear empleo, aconseja este organismo, que sugiere, entre otras medidas, flexibilizar la negociación colectiva, desligar la evolución de los salarios de la trayectoria de los precios y rebajar las indemnizaciones que se pagan por los despidos.

Opina la institución que por las rescisiones de contratos se debiera abonar una cuantía equivalente a la media europea. Añade que las retribuciones de los trabajadores han de tomar como referencia la productividad, porque relacionarlas con los precios resulta «especialmente dañino en tiempos de elevado desempleo» y concluye que, si bien el decreto del pasado 10 de junio tiene algunos aspectos prometedores, los expertos del FMI aconsejan acometer una reforma «más radical» si se comprueba que su aplicación no surte los efectos deseados.

Calcados de las recomendaciones del Fondo Monetario fueron los consejos que prodigó el gobernador del Banco de España en sede parlamentaria. En la Comisión de Economía del Congreso, donde presentó su informe anual, Miguel Fernández Ordóñez admitió que «el giro» que el Gobierno imprimió a sus políticas económicas el 9 de mayo de 2010, cuando emprendió los ajustes, nos libró de un rescate, pero añadió que «la historia no ha concluido».

«Hay que bajar la prima de riesgo porque con un diferencial de 240 puntos no podemos financiarnos», declaró. Los portavoces de las fuerzas políticas le reprocharon su beligerancia en pro del control del déficit de las autonomías, o de las reformas del mercado de trabajo, junto a la benevolencia con la que, en su opinión, evalúa la marcha de la reestructuración financiera, que está bajo su directa responsabilidad y es la principal causante de que empresas y familias no tengan acceso al crédito.

Fernández Ordóñez aseveró que todo está relacionado. «Somos más vulnerables por haber empezado, pero no hemos concluido los deberes», dijo. «Pero hay que seguir haciendo reformas, conseguir que las autonomías cumplan con el déficit fiscal previsto y aplicar una reforma de la negociación colectiva que desate la creación de empleo», concretó. Y se preguntó por qué si el Estado ha realizado esfuerzos de transparencia y disciplina presupuestaria las autonomías no pueden secundar este modelo.

En el mismo sentido se pronunció el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia. Pidió que las comunidades, algunas de las cuales se encuentran muy por encima del déficit compatible con los objetivos, adopten las medidas necesarias para reconducir sus cuentas.

La posibilidad de que el Gobierno griego pueda sacar adelante su nuevo plan de ajuste y se despeje el horizonte de las ayudas al país heleno el próximo 3 de julio actuó como un bálsamo para los deudores e inversores españoles. En primer lugar, el Tesoro colocó con mucha holgura una emisión de letras a tres y seis meses. La demanda llegó a superar los 15.000 millones de euros para una oferta máxima de 3.250 millones que finalmente se quedó en una financiación de 2.988 millones. Por las letras a tres meses se pagó un poco más que en la ocasión anterior, y el tipo de interés fue del 1,578% frente al 1,418% precedente. Pero en los títulos a seis meses el éxito fue completo, porque la demanda se disparó a 9.039 millones frente a una oferta que se quedó finalmente en 2.356 millones, y el precio se situó en un 1,789%.

La prima de riesgo se relajó, hasta colocarse en torno a los 255 puntos. La vicepresidenta económica Elena Salgado invitó a calcular esta distancia con relación a otros países como Italia o Bélgica, que mantienen rentabilidades más estables.