El “fondo de reptiles” reventó huelgas en Andalucía y compró paz social a cambio de dinero. Esto es lo que se admite en un escrito oficial de 28 de enero de 2010. El entonces director general de Trabajo, Juan Márquez Contreras firmó en el citado documento que, si no se aumentaba el presupuesto de la partida 31.L -el llamado fondo de reptiles-, su departamento no podría «garantizar la paz social y un bajo índice de conflictividad, dada la falta de recursos financieros» para ese año.

El gobierno socialista de la Junta de Andalucía asume que dicho fondo le servía para garantizar la “paz social”, dejando en suspenso si ello significa dar dinero a los sindicatos, a las empresas que señalan los sindicatos, ampliar los ERE a intrusos u otras modalidades, como evitar huelgas. Antonio Albarracín, director general de Vitalia, una de las empresas que gestionaba el pago de prejubilaciones casi en exclusiva, declaró ante la Policía Judicial que la Junta abonó una póliza a nombre de Caja Rural de Granada, Cespa y FCC para desconvocar una huelga de limpieza. Y, como es sabido, UGT y CC.OO cobran una comisión de entre un 1% y un 1,5% del coste total de cada ERE.

El origen de este documento es la falta de fondos debido a las restricciones impuestas por la crisis económica que Andalucía vive con especial virulencia. El presupuesto del llamado fondo de reptiles para 2010 era casi 30 millones de euros inferior a lo que necesitaba la Consejería para hacer frente a las prejubilaciones comprometidas(81,7 millones). Además, cada vez había más despidos y más solicitudes de ERE. La Consejería prevía, pues, el caos.

Por ello, «tendría que aumentar su presupuesto en orden a cumplir con los compromisos ya adquiridos, y también al objeto de atender el apoyo al empleo y evitar la conflictividad laboral y social derivada de los nuevos conflictos laborales que se presenten durante el año 2010». En ese sentido, realizó la propuesta de «al menos mantener el presupuesto en términos similares a 2009», cuando se destinaron 71,4 millones de euros.

La Consejería de Empleo consignaba el dinero en su presupuesto, pero lo traspasaba directamente a la Agencia IDEA como una transferencia corriente y ésta procedía al pago a los prejubilados. La Intervención General de Hacienda ya advirtió de que el sistema para el pago de prejubilaciones era ilegal, ya que permitía sortear los controles y la fiscalización, y así lo cree también la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la trama de los ERE y el caso Mercasevilla.

Entre 2001 y 2010, la Junta de Andalucía utilizó casi 700 millones de euros para el pago de prejubilaciones de manera ilegal. Los fondos, procedentes de la partida presupuestaria 31.L, se utilizaron al margen del procedimiento legal, seleccionando de manera discrecional las empresas beneficiarias, que prejubilaron a sus trabajadores ahorrándose los costes de las pensiones, que pagaba la Junta de Andalucía. En numerosos ERE se ha detectado la inclusión de intrusos, prejubilados que cobraban puntualmente sus rentas pese a no haber trabajado nunca en esas empresas.