Órdago sin precedentes en la historia del Constitucional. El vicepresidente del tribunal, Eugeni Gay, y otros dos magistrados, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado, presentaron ayer su renuncia de forma conjunta. Una inédita dimisión que jamás antes había presentado ningún miembro de la corte. En realidad, no era más que una medida de presión, con golpe de efecto incluido, pactada entre conservadores y progresistas, para forzar a PP y PSOE a que lleguen cuanto antes a un acuerdo en el Congreso y nombren a sus sustitutos. La renovación de los tres dimisionarios tenía que haberse producido en noviembre.

Esta crisis institucional ‘calculada’ fue cortada de raíz por el presidente del Constitucional, Pascual Sala, a quien corresponde por ley “decretar” o no el cese de los magistrados y que es el único que podía administrar los tiempos para obligar a los dos grandes partidos a llegar a un acuerdo. Sala dejó pasar unas horas tras el anuncio de la dimisión para que el mensaje calara en el PP y el PSOE, para luego, ya a primera hora de la noche, apagar el ‘incendio controlado’ que prendía en el Constitucional.

Sala con un comunicado oficial anunció “no aceptar” la renuncia de los tres magistrados, justificando su decisión en “el volumen de procesos pendientes” que tiene el tribunal y la “insustituible función institucional” que cumplen sus magistrados como “garantes máximos de los derechos fundamentales y libertades públicas”. El presidente insistió en rechazar las dimisiones a fin de “garantizar la continuidad y estabilidad” en el Constitucional pero sin olvidar recordar de la forma más solemne a populares y socialistas “la necesidad de observancia de los plazos de renovación constitucional y legalmente establecidos”. Y todo ello, según la propia resolución, con copia de la misma al rey Juan Carlos y a las más altas instituciones del Estado como los presidentes del Gobierno, Congreso, Senado y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Un “tribunal secuestrado”

Pascual Sala esperó a que la dimisión en bloque se hiciera pública ayer, pero lo cierto es que sabía desde el pleno del martes de la semana pasada que los tres juristas querían renunciar “por haber sobrepasado en más de seis meses el mandato de renovación prevenido en la Constitución”. Gay añadió entre sus razones que ha tenido “la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado”.

El presidente al final jugó con los gestos y los tiempos: tomó la decisión de rechazar las dimisiones y dejar el asunto en un serio ‘aviso a navegantes’, sin llegar a elevar el tema a una grave crisis institucional con un Constitucional muy ‘amputado’, pero que podía haber funcionado a pesar de las bajas. Con los ocho magistrados que hubieran quedado se alcanzaba aún el ‘quorum’ mínimo para tomar decisiones en pleno. Tampoco hubiera variado el balance de poder, pues se mantendría la mayoría progresista, como hasta ahora: en ese caso cinco progresistas frente a tres conservadores. Cada una de las dos salas hubiese quedado con cuatro miembros, también el mínimo para poder funcionar.

La posibilidad de abrir el melón de la crisis institucional, a pesar del desenlace final, sobrevoló durante varias horas, pues el presidente ya demostró que no le tiembla el pulso a la hora de mantener un órdago contra los partidos cuando éstos se muestran perezosos en las renovaciones judiciales. En 1996, cuando presidía el Poder Judicial, protagonizó un hecho muy similar. Entonces, provocó ‘de facto’ la disolución del CGPJ al aceptar la dimisión en bloque seis de los vocales, lo que dejó al órgano de gobierno de los jueces con sólo once miembros, tres vocales menos de los necesarios para que pudiera adoptar decisiones. Pascual Sala, hace 15 años, jugó sus cartas y tardó cuatro meses en decidir si aceptaba o no la renuncia, hasta lograr que los partidos le hiciesen caso.

“Enquistamiento”

Los tres magistrados cesantes -señalaron fuentes del tribunal- reconocieron sin ambages ante sus compañeros que su renuncia era una medida de presión y que su intención era evitar a toda costa el “enquistamiento” ocurrido con la renovación de los cuatro magistrados designados por el Senado, que tomaron posesión el pasado enero tras tres años de retraso por culpa del juego de intereses de los partidos.

Gay, Pérez y Delgado, que llegaron a la corte en 2001, son parte del turno de magistrados que debe designar el Congreso. Su perfil, a pesar del acuerdo para dimitir en bloque, es totalmente diferente. Gay y Pérez son del denominado sector progresista y votaron a favor del ‘Estatut’ catalán y de que Bildu participara en las elecciones. Es más, Pérez es la ponente de un borrador de sentencia aún sin deliberar que aboga por modificar alguna de las aplicaciones de la ‘doctrina Parot’. Delgado, por su lado, encabeza el flanco conservador y votó en contra de Bildu y por un gran recorte del texto catalán.

La cámara baja debía haber designado también un cuarto nombre: al sustituto de Roberto García-Calvo, magistrado fallecido en mayo de 2008 y cuya vacante tampoco ha sido cubierta desde entonces por los desencuentros entre el PP y el PSOE. Los contactos entre socialistas y populares se rompieron definitivamente el pasado 30 de diciembre, cuando el presidente del Congreso, José Bono, dio por cerrado el plazo para proponer candidatos después de que durante un mes lo hubiera prorrogado por dos veces para que los dos grandes partidos, cuyo acuerdo es imprescindible para los nombramientos, pactasen los cuatro aspirantes.

El único acuerdo entre PP y PSOE es que dos de los cuatro magistrados serán designados por un partido y otros dos por el otro. El gran escollo de la negociación tiene nombre y apellidos: el magistrado de la Sala de lo Penal y ex portavoz del CGPJ Enrique López. El PP quiere a toda costa que forme parte del Constitucional y el PSOE se empeña en vetarle una y otra vez. Ni siquiera la indisimulada bronca que la presidenta saliente del Constitucional, María Emilia Casas, dedicó en enero a los grandes partidos, a quienes acusó de “incumplimiento grave” de la carta Magna, hizo que estas formaciones retomasen los contactos. Sin esperar un órdago como el actual, PP y PSOE habían dejado ya este asunto para después de las elecciones generales.