El Tribunal de Cuentas cuestiona sendos convenios firmados por el Instituto socialista de la Juventud con la FEMP y Microbank
Gabriel Alconchel, director general del Instituto de la Juventud.
El Instituto de la Juventud de España (Injuve), adscrito al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, asegura que “no se ha cometido ninguna irregularidad” en los acuerdos suscritos por la entidad, después de que el Tribunal de Cuentas haya cuestionado dos convenios de colaboración firmados en los años 2008 y 2009 con la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP) y con Microbank (‘la Caixa’).
El Injuve, que dirige Gabriel Alconchel y que en los años investigados por el Tribunal de Cuentas dependía directamente del Ministerio de Igualdad que encabezaba Bibiana Aído, explica en un comunicado que “todos los procedimientos utilizados están previstos en la Ley de Administraciones Públicas”.
No obstante, indica que “en 2009 y 2010 se subsanaron y corrigieron en las deficiencias administrativas puntuales detectadas en el ejercicio anterior con la mejora de los procedimientos”.
“El Injuve está convencido que el informe final del Tribunal de Cuentas resolverá todas las dudas que se plantean, ya que se ha actuado conforme a la legalidad y con la máxima transparencia”, explica la institución, que ha presentado alegaciones al informe del organismo fiscalizador.
Sobre el convenio con la FEMP, el Instituto de la Juventud asegura que “se ajusta a la legalidad y ha hecho posible financiar políticas locales de juventud en municipios de toda España y de todos los colores políticos”.
“El importe total del Convenio ascendió a 1.330.155 euros. La aportación del Injuve fue de 969.550 euros de los cuales se repartieron 886.000 euros entre 178 Ayuntamientos repartidos en 18 de las 19 Comunidades y Ciudades Autónomas”, argumenta el Instituto.
Asimismo, indica que los convenios suscritos con Microbank (‘la Caixa’) en 2008 y 2009 “fueron informados favorablemente por el Abogado del Estado y celebrados, el del 2008, al amparo del artículo 3.1.d) del Real Decreto 2/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y el de 2009, al amparo del artículo 4.1.d) de la Ley de Contratos del Sector Público”.
