Parece increible que una administración pública no tenga controles administrativos y económicos sobre lo que cobra o paga. Pero este es al caso de la Junta de Andalucía. Descontrol oportuno, en embargo, porque puede alegarse ignorancia o desmadre un caso cuyo tufo es indudablemente corrupto. Los documentos que obran poder de AD demuestran con claridad que la Junta no sabía qué pólizas de jubilación había contratado ni había guardado copias correspondientes(o no encontraba) los documentos originales. De hecho, ambas cosas las solicita a la aseguradora por escrito uno de sus directores generales.

Recuérdese que la juez Mercedes Alaya exigió conocer los expedientes de estos ERE e incluso los acuerdos del Consejo de Gobierno. Pues bien, la Consejería de Empleo tuvo que dirigirse a las compañías aseguradoras para recopilar a toda prisa la documentación precisa sobre las prejubilaciones que estaba pagando. De lo cual cabe deducir que no sabía qué estaba pagando y por qué. De lo cual debe deducirse que las cuentas de la Junta deberán explicar en calidad de qué aparecían estos gastos cuyo origen se desconocía. De lo que cabe deducir que los Presupuestos de la Junta contienen partidas que son sencillamente patrañas, puesto que se desconoce el origen de los gastos.

Pero además, la torpeza de los actuales dirigentes de la Junta llerga a tal extremo que incluyen las pruebas de su descontrol en la documentación remitida a la juez porque entre los documentos remitidos por la Junta de Andalucía al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla  se encuentran las peticiones de información a aseguradoras cursadas por altos cargos la Consejería de Empleo para tratar de conocer el estado de pólizas vinculadas a ERE, lo que evidencia el descontrol y la laxitud de los expedientes administrativos y de las cuentas públicas.

El director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, envió un correo electrónico a un empleado de la división vida colectivos del grupo Generali el pasado 8 de marzo con el siguiente texto: «Estimado Rubén: Ruego me remitas a la mayor brevedad posible póliza y demás documentación correspondiente a la póliza 83-190.001.587 suscrita con Banco Vitalicio, cuyo tomador fueron [sic] la Federación Minero Metalúrgica de CCOO y Federación de Industrias afines de la UGT y correspondiente a colectivo Boliden Apirsa».

Complicidad de UGT y CC.OO.

Cabe deducir además de este documento la complicidad de UGT y CC.OO en todos los ERE´s que se han elaborado en la Junta de Andalucía si bien no se ha demostrado hasta ahora su complicidad en el «intrusismo» del que se ya se hacen eco todos los medios de comunicación de España.

La respuesta del grupo asegurar fue esta:  «Con la numeración que nos indica no hay ninguna póliza relacionada con la empresa Boliden Apirsa. Si tuviera algún otro dato para identificar la posible póliza, no dude en indicarnos[lo] para buscarla».

Y sigue un diálogo entre ambos que corroboran el caos administrativo de la Junta andaluza:

Director General: «Te acompaño documento que tenemos y en el que aparecen identificados algunos datos. Yo creo que esta póliza se pagó en su totalidad y creo que no está actualmente en financiación. A ver si puede ayudarte», escribe.

Generali:  «Al final facilita las «condiciones particulares y generales» de la póliza solicitada, numerada como 1- 83-190.000.587 y no la que indicó el alto cargo (83-190.001.587).»

Dos semanas después, la secretaria general técnica de la Consejería de Empleo firmaba un escrito en el que certificaba que los papeles remitidos al juzgado coincidían con la «documentación íntegra contenida en el expediente archivado en la Dirección General de Trabajo de esta Consejería». Era mentira. O las habían perdido o no las habían guardado.

No menos revelador es el escrito que el viceconsejero de Empleo, Justo Mañas, reclamara a Vida Caixa a finales de 2010 la numeración y el tomador de las siete pólizas suscritas en las que la Junta había asumido obligaciones como financiadora de las primas únicas.

Fuentes próximas a la  investigación manejan la tesis de que la Consejería de Empleo ha ‘reconstruido’ muchos de los expedientes que ha enviado a la juez Alaya tras reclamarle documentación a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) –a la que transfería el dinero para que pagara las prejubilaciones– y a las compañías aseguradoras, como puede deducirse de la lectura de los citados correos electrónicos y escritos. Idéntica situación se da en las subvenciones directas concedidas a ayuntamientos por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social con cargo al fondo de reptiles.

Esto es, que la Junta está «chunga» de papeles, como dijo en su día el insigne ex director de la RTVA Salvador Domínguez en una célebre comparecencia parlamentaria. La Junta no tiene papeles salvo la petición de la subvención por parte de los alcaldes y a los pagos, sin que conste ni la fiscalización previa del gasto por parte de la Intervención ni ningún informe del beneficiario justificando que el dinero recibido se empleó en los fines para los que se solicitaron. Tampoco se informó de las ayudas en el Boletín Oficial de la Junta, como obliga la ley.