La Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (CEOFA) ha insistido en que el sistema de licitación de principios activos que la Administración sanitaria pretende implantar en la comunidad, conocido como ‘subasta de fármacos’, se sostiene bajo una base de “incumplimientos normativos” que pretende “eludir en fraude de ley”, un hecho que “se refrenda” al conocer el propio SAS que dicho sistema de licitación “sólo lo puede llevar a cabo forzando al Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (CACOF) a un acuerdo entre ambas partes, ya que al realizarlo vía decreto u otra norma obligaría al propio Ministerio a denunciarlo ante los tribunales como ha hecho con el catálogo gallego”, según ha explicado a Europa Press el presidente de CEOFA, Ángel Pérez.

Según los empresarios del ramo andaluces, el sistema de licitación de fármacos del SAS pretende eludir “todo el entramado legal que sobre el acceso a la prestación farmacéutica se establece a nivel estatal”, hasta el punto de que todo este sistema de licitación supondría “la ruptura de numerosos principios básicos reconocidos a distintos niveles normativos, que van desde el propio constitucional al de la normativa autonómica”.

Así, ha enumerado que, entre otros estos incumplimientos, la subasta de fármacos lesiona, del artículo 103 de la Constitución, el de sometimiento a la Ley y al Derecho, “puesto que la licitación propuesta no responde a las exigencias legales”.

En cuanto al hecho de que se pretende “imponer” a un colectivo un acuerdo que “viola la ley”, CEOFA entiende que se produce una “quiebra del principio de respeto en su actuación a los principios de buena fe y confianza legítima del artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo Común”.

De igual forma, alude a un incumplimiento sistemático del artículo 3 de la Ley 14/1986, General de Sanidad (se celebra así su vigésimo quinto aniversario). En él se establece que el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva. Y en su apartado 3, que exige una política sanitaria orientada a superar las desigualdades territoriales y sociales.

Frente a ello, CEOFA entiende que la política sanitaria de la Junta de Andalucía “propicia justamente lo contrario, un desequilibrio total y absoluto del sistema, al limitar injustificadamente el acceso a los fármacos en Andalucía contra la normativa estatal básica”.

También incumple el artículo 88 de la Ley 29/2006, de Garantías y Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios, que como complemento de la Ley 14/1986, garantiza el derecho de todos los andaluces a obtener en condiciones de igualdad en todo el territorio del Sistema Nacional de Salud los medicamentos incluidos en la prestación.

Respecto al artículo 89 de la Ley 29/2006, sobre el procedimiento de fijación de precios de los medicamentos, lo quiebra en cuanto que “paga un precio distinto al autorizado”.

Sobre el artículo 149.1 17ª de la Constitución, que establece que la competencia sobre el régimen económico de la Seguridad Social corresponde exclusivamente al Estado, y los artículos 88, 89 y 94 se dictan a su amparo.

Del artículo 63.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que habilita sólo al ejercicio de competencias de ejecución en materias sobre régimen económico de la Seguridad Social, como es el de fijación de precios de medicamentos.

Del artículo 4 de la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, en cuanto la licitación reduce drásticamente las prestaciones del sistema sanitario público de Andalucía respecto del ofertado por el Sistema Nacional de Salud, cuando dicho precepto exige que sea, al menos igual, nunca inferior.

Apuntan también a que existe un “desprecio absoluto” del Título IV de la Ley 29/2006, relativo a las garantías exigibles en la fabricación y distribución de medicamentos, en cuanto todos los laboratorios con medicamentos autorizados conforme a las prescripciones de la Ley, y una vez incorporados al nomenclátor del Sistema Nacional de Salud, tienen que estar disponibles para su prescripción y dispensación, “sin más trabas que las que se desprendan de los criterios sanitarios”.

OTRAS VALORACIONES

CEOFA también ha criticado que en el borrador de trabajo enviado por el SAS el pasado 6 de abril al Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (CACOF), en el que se recogen las proposiciones de modificación del concierto entre ambas instituciones, la Consejería de Salud propone a cambio de la instauración de este sistema de subasta de fármacos “la homogeneización de la actuación de los inspectores farmacéuticos y de los criterios sancionadores para toda Andalucía”.

A juicio de los empresarios farmacéuticos, esta medida supone que la Administración sanitaria “reconoce una dejación de funciones alarmante al proponer esta medida”, ya que, “en realidad no hay más criterio (sancionador) que el de la Ley”, por lo que en Andalucía “se manifiesta por su administración que no es equivalente en todas las provincias, lo que es grave”.

CEOFA también ha denunciado que la Consejería del ramo también se ha comprometido a estudiar el impacto económico que el concurso de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia tendrá en la comunidad y que dicho resultado se tendrá en cuenta en futuros concursos.

En este punto, el empresariado farmacéutico ha recordado que ya avisó a la Administración de que la apertura de 310 nuevas farmacias en el territorio andaluz “no sería positiva para el presupuesto de medicamentos, puesto que un incremento en la oferta supondrá necesariamente un incremento en una demanda que ya no puede aguantar”, una advertencia “que fue desoída por los criterios políticos, que tuvieron más fuerza que los técnicos y presupuestarios”.

Para CEOFA, la idea de establecer un sistema de subasta pública de fármacos dispensables “choca frontalmente con la competencia normativa en materia de medicamentos, que es estatal”. De hecho, sostiene que en las propuestas enviadas por el SAS al CACOF “llama la atención que recoge una serie de contrapartidas a cambio de algo que busca el SAS y que no puede conseguirlo a través de normas jurídicas”.

“Esto ha hecho que se indaguen otras vías de acceso a su objetivo y parece que es a través del convenio de prestaciones con los farmacéuticos”, han advertido desde CEOFA, que frente a esta forma de actuar de la Administración han contrapuesto el hecho de que los farmacéuticos andaluces “no tienen ninguna prisa en modificar el convenio actual, ya que, de acuerdo con las modificaciones introducidas en abril de 2009, el convenio estará vigente hasta diciembre de 2012”.

“Tampoco nos asusta, de ninguna manera, carecer de dicho convenio, puesto que se está constituyendo en una instrumento de presión desmedida”, han concluido.

Finalmente, desde CEOFA han aclarado que el ‘Plan de estabilidad para la farmacia andaluza’, un documento glosado por casi una veintena de propuestas, “fue elevado y propuesto al CACOF por parte de la Consejería de Salud y no de CEOFA”.