La candidata de Centro Democrático y Social (CDS) a la alcaldía de Calvià y ex presidenta de la Junta Local de UM en el municipio mallorquín, María José Rodríguez, ha asegurado que “jamás” ha facilitado la colocación de militantes de esta formación en empresas públicas o afines, como tampoco ha actuado nunca “al margen de la Ley” a lo largo de su trayectoria política.

De este modo es como Rodríguez ha respondido, en declaraciones a los medios, a las informaciones publicadas sobre un informe policial incluido en el sumario del caso Picnic y en el que constaría su nombre, si bien ha explicado que ha acudido al Juzgado de Instrucción número 8 -encargado de la causa- para informarse sobre estos hechos. “Jamás será hallado entre las irregularidades investigadas ningún correo que lleve mi firma”, ha espetado tras abandonar los Juzgados de Vía Alemania.

“Soy una persona honrada, valiente y siempre me he distinguido por luchar en favor de la justicia y la democracia”, ha subrayado la candidata, quien ha manifestado que esta situación “me ha inyectado fuerza, y no hay fuerza mayor que la de la verdad y la defensa de la democracia y la justicia”. Defensa que, en su opinión, “no es un bien consolidado” por lo que ha apelado a “seguir luchando y haciendo política”.

Cabe recordar que el caso Picnic investiga un presunto desvío de fondos públicos desde el Ayuntamiento de Palma a la captación de militantes de UM durante la pasada legislatura mediante la contratación, a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof), de una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, atraer afiliados y futuros votantes para el partido.

De este modo, las indagaciones se centran en si pudieron cometerse entre otros delitos los de malversación de caudales públicos y prevaricación, ya que estos trabajadores fueron contratados a través de esta empresa pública a fin de que llevaran a cabo su trabajo para el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pese a que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos.

Más al contrario, estos agentes, conocidos como IMAS, se dedicaban exclusivamente a la captación de afiliados para UM. Entre los imputados se encuentran la ex concejal de Medio Ambiente y ex número 2 de UM en Palma, Cristina Cerdó, para quien el juez decretó una fianza penal de 300.000 euros; la ex coordinadora de esta área, Paula Cortés, a quien decretó una caución de 100.000 euros que fue rebajada a 65.000, y el ex conseller de Deportes y Juventud, Mateu Cañellas, que quedó en libertad y sin medidas cautelares.