El supuestamente fraudulento otorgamiento de las licencias de TDT en Andalucía empieza a tener consecuencias. Ya ha sido presentada una querella por falsificación de actas de inspección y falsedad en documento público contra la ex directora general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, Matilde Santiago Cossi y contra el jefe del servicio de Inspección, Sergio Pascual Peña. Los hechos que han motivado esta querella se remontan al 5 de septiembre de 2008, cuando la mesa de contratación encargada del otorgamiento de concesiones para la explotación del servicio público de Televisión Digital Terrestre en Andalucía, presidida por Matilde Santiago, exclutó en primera instancia a la productora Proser S.L., cuya solicitud para el otorgamiento de licencia fue presentada por José Luis Moreno del Rosal. Adujo la mesa de contratación que “la escritura de modificación del objeto no se presentó a inscripción en el Registro Mercantil con carácter previo a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitiudes”, según se explicita en el documento oficial que obra en poder de AD.

Lo que posiblemente ignoraban los miembros de la mesa de contratación era que Proser SL era la encargada de distribuir la señal a Localia y que se trataba por tanto de una empresa muy ligada al partido socialista en Andalucía. Aclaradas dichas afinidades ideológicas, los responsables de las adjudicaciones tuvieron ocasión de enmendar ‘errores’ y resarcirse así con el partido. Sólo unos meses más tarde, durante la segunda apertura de sobres, Proser SL sería una de las empresas beneficiadas por la Junta de Andalucía para la explotación de televisiones digitales terrestres, un hecho sin precedentes que, en opinión de fuentes jurídicas relacionadas con el asunto, arrojan “clarísimos indicios” de un presunto delito de prevaricación y cohecho.

Además de Matiulde Santiago y Sergio Pascual, la mesa de contratación estuvo formada por Carmen Arias Aragón y Rafael García Barranca Ferraro, representantes de la Intervención General; Inmaculada Romero Carbajo, del gabinete jurídico; Guillermo Rodrigo Vila, de la secretaría general técnica; Carlos Escandón Moret, jefe del servicio de Radiodifusión; Fernando Hernández de la Torre Bustillo, jefe del servicio de Normativas e Informes y Auxiliadora Honorato Chulián, asesora técnica de la Dirección General de Comunicación Social.

A la luz de estas nuevas presuntas irregularidades y de las actuaciones legales ya emprendidas, nuestras fuentes han hecho un llamamiento a posibles empresarios audiovisuales interesados en la adquisición de las licencias que algunos de los adjudicatarios han puesto a la venta (en muchos casos por falta de liquidez económica) para que se abtengan de efectuar estas operaciones de compra. Creen que los tribunales de Justicia terminarán invalidando el proceso de concesiones de licencia de TDT en Andalucía y que, de forma inevitable, tendrá que efectuarse “un nuevo concurso público que prime el interés general y no sólo el de los socialistas andaluces”.

Creen asimismo que los responsables de los otorgamientos de licencias tienen ante sí un horizonte legal “nada halagüeño” y confían en que los órganos judiciales corrijan “a la mayor brevedad” los principios de libertad informativa y de igualdad ante la ley que la casta política andaluza ha quebrantado “de forma notoria”.